Julieta Mejía Ibáñez, diputada de MC, plantea a través de una iniciativa, reformar el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de maternidad y lactancia de mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario.
La iniciativa turnada a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género para opinión, busca establecer que la maternidad y la lactancia de las mamás en prisión se realice en espacios diseñados específicamente para tal fin, dignos, privados, higiénicos, tranquilos y accesibles, separados de la población general.
Igualmente, que la hija o el hijo menor de tres años pueda permanecer con su madre en el penal en espacios dignos, higiénicos, tranquilos y separados de la población general, que fomenten el adecuado desarrollo físico, mental y psicoemocional del menor.
En la exposición de motivos de la iniciativa se establece que, en el caso de las mujeres privadas de libertad, el Sistema Penal ignora sus necesidades y características, sin atender de fondo el impacto diferenciado que la privación de la libertad les genera en función de los roles que la sociedad tradicionalmente asigna, entre ellas, la crianza y cuidado de los hijos e hijas.
Indica que el 67.8 por ciento de las mujeres privadas de su libertad tiene hijos menores de edad; el 53.4 por ciento procrea dos o tres hijos. Añade que las condiciones deplorables de las prisiones son padecidas principalmente por ellas y sus hijos, al contemplar las características especiales de su género en la prisión y en menoscabo de su integridad y desarrollo.
Además, que el interés superior de la niñez, conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deberá ser una consideración primordial en atender, lo cual incluye no solo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, serv
icios y procedimientos.
La iniciativa, destaca que la falta de disposiciones legales que garanticen de forma efectiva el derecho a la maternidad y la lactancia, así como el interés superior del menor, constituyen violencia institucional, puesto que sólo las mujeres son afectadas y revictimizadas por un sistema que no contempla las características especiales de su género en prisión.
