- La Presidenta Sheinbaum solicita autorización para que 28 militares estadounidenses capaciten a 87 elementos navales mexicanos; el trámite coincide con su rechazo a operaciones conjuntas de seguridad en territorio nacional.
La cooperación militar entre México y Estados Unidos vuelve a la mesa del Senado con una solicitud de alcance específico: permitir el ingreso de 28 integrantes del Equipo 4 de los Navy SEAL para adiestrar a personal de la Armada de México. El expediente llega en un momento en que ambos gobiernos mantienen la colaboración en seguridad, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en delimitar la participación estadounidense en territorio nacional.
El oficio de la titular del Ejecutivo, turnado a la Comisión de Marina el 26 de octubre, plantea realizar el entrenamiento del 29 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027. De acuerdo con la información remitida, se trata de una petición de autorización; su recepción y envío a comisión no equivalen a la aprobación del ingreso.
El mismo 26 de octubre, Sheinbaum reiteró que su gobierno ha rechazado propuestas estadounidenses para realizar operaciones conjuntas en México. La mandataria sostuvo que la colaboración debe respetar la integridad territorial y mantenerse bajo el principio de coordinación sin subordinación.
La distinción resulta central para valorar esta solicitud: el propósito descrito es capacitar a fuerzas mexicanas en instalaciones navales, no desplegar a los instructores en acciones de seguridad contra organizaciones criminales. Por ello, el expediente no permite concluir, por sí mismo, que exista un cambio en la postura presidencial frente a las operaciones estadounidenses en el país.
El ejercicio, denominado “Evento No. SOF 19 Adiestramiento de Operaciones Terrestres y Marítimas con el personal de SEAL y UNOPES”, tendrá dos sedes: el Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México, en Donato Guerra, Estado de México, y el Sector Naval de Puerto Cortés, en Isla Margarita, Baja California Sur.
Los 28 integrantes estadounidenses impartirán capacitación a 87 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales y de la Unidad de Inteligencia Naval. Su llegada está prevista en una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por la Base Aeronaval de La Paz, con equipo táctico, municiones y armamento orgánico. Personal de la Armada de México los recibirá y trasladará a las instalaciones correspondientes.
El programa comprende combate cercano en interiores, reacción a contacto, medicina táctica, patrullaje urbano, exploración y detección de explosivos, técnicas de francotirador, enganche y abordaje de embarcaciones, así como operaciones de interdicción marítima. El objetivo declarado es fortalecer las capacidades de las fuerzas especiales mexicanas y su compatibilidad operativa con sus contrapartes.
La solicitud se inscribe en una relación que ya cuenta con mecanismos de coordinación delimitados territorialmente. En septiembre, por ejemplo, el Gabinete de Seguridad informó sobre la operación antidrones “Águila Alta”, en la frontera Tijuana-San Diego, con actividades simultáneas de ambos países y cada fuerza dentro de su propio territorio. Ese antecedente muestra que la cooperación adopta modalidades distintas, cuyo alcance debe examinarse por separado.
La estancia prevista de más de cinco meses y el ingreso de personal con armamento ponen el acento en las condiciones del adiestramiento. La revisión del Senado será clave para precisar el alcance de las actividades, su supervisión y la evaluación de sus resultados. En esos términos se podrá valorar cómo esta cooperación fortalece las capacidades navales mexicanas y se ajusta a los límites de soberanía que el gobierno ha fijado en su relación con Estados Unidos.
