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- El conflicto por las megagranjas porcícolas en Yucatán tiene su punto más delicado bajo tierra. Allí, en el sistema que conecta pozos, cenotes y corrientes subterráneas, se encuentra el agua de la que dependen las comunidades.
Greenpeace México y comunidades mayas difundieron resultados de un muestreo realizado en agosto en 17 puntos de Yucatán. El reporte documentó contaminación orgánica y bacteriana, así como concentraciones de nitratos que, en dos muestras, superaron el valor de referencia de la Organización Mundial de la Salud para agua potable. Los hallazgos dieron un sustento adicional a las demandas de vigilancia y reparación del daño.
Detrás de esas mediciones hay un problema de manejo de residuos. Las excretas porcinas contienen nutrientes y microorganismos que requieren tratamiento y disposición adecuados. Cuando ese control falla, la materia orgánica y los compuestos nitrogenados pueden alcanzar el entorno. En el subsuelo calizo de Yucatán, la infiltración facilita su desplazamiento hacia el acuífero.
La porosidad del terreno tiene una consecuencia para la gestión pública: una descarga puede generar afectaciones fuera de los límites de la instalación donde se produjo. Por eso, revisar las condiciones de una granja exige observar también su relación con los pozos, los cenotes y las poblaciones cercanas.
La dimensión sanitaria requiere precisión. La exposición a concentraciones elevadas de nitratos en el agua puede contribuir a la metahemoglobinemia, una alteración que dificulta el transporte de oxígeno en la sangre y afecta especialmente a lactantes; identificar las fuentes y acreditar responsabilidades requiere análisis y seguimiento. Esa tarea es central para que las denuncias puedan traducirse en medidas correctivas y, cuando corresponda, en sanciones.
Las autoridades federales sostienen que ya existe una intervención en marcha. El 22 de octubre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó sobre una estrategia coordinada con otras dependencias y el gobierno de Yucatán para ordenar la actividad porcícola. Reportó inspecciones a 18 granjas durante 2025 y 2026, medidas correctivas, una clausura total definitiva y multas acumuladas relacionadas también con procedimientos de años anteriores.
Para las comunidades, la discusión tiene además una historia de gestiones pendientes. La Red en Defensa del Agua y el Territorio Maya To’one Ja’o’on y Greenpeace señalaron el 20 de octubre que, a un año de una denuncia popular presentada ante autoridades federales, persistían demandas sin resolver. Entre sus exigencias figuran el acceso a información, la vigilancia efectiva y la reparación de las afectaciones.
Los próximos meses ofrecerán una oportunidad concreta para revisar los compromisos oficiales. Según Profepa, 11 de las 14 granjas propias de Kekén avanzan en la instalación de sistemas complementarios para mejorar el tratamiento de aguas residuales, con marzo de 2027 como fecha límite para esos trabajos. Las otras tres, informó la dependencia, ya cuentan con esos sistemas en funcionamiento.
