Ciento cincuenta y cinco días después de haber tocado el tema de la regulación de la cannabis, en el Senado desempolvaron el dictamen en la materia y lo hizo violentando sus propios reglamentos internos lo que podría generar una cascada de impugnaciones por parte de la ciudadanía.
Y es que las senadoras y senadores que integran las tres comisiones de la Cámara Alta que participan en la confección de dicha regulación –Justicia, Salud, y Estudios Legislativos Segunda– fueron convocados a sesionar de manera virtual este viernes 13 para retomar el dictamen que ya habían aprobado en lo general el 4 de marzo pasado.
Sin embargo la orden del día era otra. Ya no discutirían el Dictamen de marzo que contenía 11 iniciativas, sino un dictamen nuevo con 17 iniciativas, mismo que comenzaron a circular la noche del pasado día 10 de noviembre, lo que generó confusión y se prendieron los focos rojos en la sesión virtual.
La Senadora priista Claudia Ruiz Massieu fue la primera en alertar que se estaba violentando el debido proceso y sin claridad ni certeza jurídica mucho menos apego al reglamento del Senado.
El senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda lamentó esta situación pues “no es menor el tema y ya vamos tarde”. Y sí: La Suprema Corte de Justicia les dio de plazo hasta el 15 de diciembre entrante.
Para salir del embrollo, acordaron terminar eliminar el Dictamen de marzo, para la sesión presencial del próximo miércoles 18 de noviembre y una vez lo anterior, entraron de lleno a la discusión y análisis del nuevo Dictamen que para el Movimiento Cannábico Mexicano resultó ser igual o peor que el anterior ya que, asegura, “va en contrasentido a la esencia de nuestro movimiento: Primero los Derechos”.
Fue así como senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, analizaron y debatieron el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.
Entre las modificaciones propuestas por las y los senadores de las Comisiones dictaminadoras destaca que la Secretaría de Gobernación ya no será quien se encargue de delimitar las políticas en la materia, sino que será la Secretaría de Salud, quien ejercerá la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis y sus derivados, y su consumo.
Acordaron cambiar el nombre de Ley para la Regulación del Cannabis a Ley Federal Para la Regulación del Cannabis. También, se eliminan de dicho ordenamiento jurídico todo lo relacionado al uso medicinal, así como el industrial del cáñamo, es decir, se limitan sus facultades al uso adulto.
El organismo encargado de hacer cumplir esta Ley será el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis, el cual estará integrado por la Dirección General, cuya persona titular será nombrada y removida libremente por el titular de la Secretaría de Salud; y el Consejo Directivo, integrado por los secretarios y secretarias de Salud, quien lo presidirá; de Gobernación; de Hacienda; de Relaciones Exteriores; de Educación Pública; de Agricultura y Desarrollo Rural; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Aunque existe la posibilidad de que ya al ser debatido y votado ante el Pleno del Senado, se sumen a dicho Consejo Directivo, especialistas y médicos conocedores del tema cannábico.
Quedará prohibido el empleo de niñas, niños y adolescentes en cualquier actividad relacionada con la siembra, cultivo, plantación, cosecha, comercio, producción, distribución, suministro, venta y consumo de cannabis. Se sancionará administrativamente con una multa de 100 hasta tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual se duplicará en caso de reincidencia, previo apercibimiento de tal sanción.
En aquellos casos en los que una persona esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo, sin las autorizaciones a que se refiere esta Ley y la Ley General de Salud, será remitido a la autoridad administrativa competente, de conformidad con lo que establezca la Ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México o su homóloga en las entidades federativas, sin perjuicio de su denominación y se le impondrá una multa que va de 60 hasta 120 veces el valor diario de la UMA, siempre y cuando no se actualice la figura de delincuencia organizada.
Las licencias de cultivo, trasformación y comercialización se excluyen entre sí; se exceptúan de esta disposición las licencias de exportación o importación de cannabis no psicoactivo, las cuales podrán otorgarse con otro tipo de licencia. La propuesta anterior excluía este último tipo de licencia.
Los pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación o que, por sus condiciones, características o por haber sido afectados por el sistema prohibitivo, deban tener una atención prioritaria o que se encuentren en estado de vulnerabilidad, estarán exentos de esta última disposición.
Los consumidores deberán realizarlo en su vivienda o casa habitación, o bien, en el domicilio social tratándose de integrantes de las asociaciones de consumo. Sin embargo, no se deberá consumir frente a niñas, niños y adolescentes, así como de personas que no hayan otorgado su consentimiento libre e informado.
De la misma forma, se limita a cuatro plantas de cannabis psicoactivo, así como el producto de la cosecha de la plantación por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda de quien la consume para su uso personal. Además, se elimina la disposición que establecía que para su autoconsumo sería necesario tener un permiso.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, propuso que el autoconsumo, el autocultivo y la posesión simple, no fueran contempladas en Código Penal Federal, a fin de mostrar congruencia con la petición de la Corte, en favor del derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad; incluso, dijo que, con estos cambios al dictamen, se podría construir un ambiente de paz, y beneficiar a los sectores campesino e industrial.
En tanto, la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Partido del Trabajo, destacó que, al aprobar esta Ley, se dará vida a una industria que podría generar 17 millones de empleos y aportar entre cinco y seis millones de dólares al país; potencial que puede estar en riesgo, si la regulación sanitaria es restrictiva para el cáñamo.
La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez, de la bancada de Morena, afirmó que la prohibición ha causado más muertes que su propio consumo. En este sentido, agregó que esta Ley da a entender que no son las sustancias, sino las circunstancias las que generan el daño. Detalló que se tiene que defender la dignidad de las personas y su derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que se manifestó en contra de todos los artículos dentro de esta Ley que atenten contra los derechos humanos
A su vez, Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del PES, indicó que la construcción de este ordenamiento debe estar basado en una pedagogía de la autonomía que implique el derecho a decidir de las personas. Además, dijo no entender el cambio de uso lúdico a uso adulto, pues parece que sólo fue realizado para “calmar las buenas conciencias”.
Claudia Ruiz Massieu, de la Fracción Parlamentaria del PRI, aseveró que la Ley se debe fundamentar bajo tres pilares: el respeto a los derechos humanos; la atención a la salud pública; y la justicia social. Además, denunció que esta propuesta no atiende a cabalidad los criterios para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que pidió hacer un análisis más minucioso del articulado.
Damián Zepeda Vidales, senador de Acción Nacional, enfatizó que está en contra de que “se abra el mercado de las drogas en México”, porque no hay nada positivo para los niños, niñas y adolescentes con esta propuesta. Agregó que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación solicitó que se regule el autoconsumo, pero no facilitar el acceso a este estupefaciente.
Por el Grupo Parlamentario del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera expresó que en nuestro país se desecha el 90 por ciento de la mariguana y eso es lo que aprovechan países como Estados Unidos y Canadá porque genera riqueza. En este sentido, se pronunció por quitar los estigmas a la planta y dejar de relacionarla con el narcotráfico.
En la discusión también participaron las senadoras y los senadores Martha Lucía Mícher Camarena, Antares Vázquez Alatorre y Lucy Meza, de Morena; Indira Rosales San Román y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN; Nuvia Mayorga Delgado, Sylvana Beltrones Sánchez y Mario Zamora Gastélum, del PRI; así como Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano.
Y justo al terminar la reunión virtual, en varios entidades federativas y municipios, el Movimiento Cannábico Mexicano realizó diversas y variadas acciones de protesta por este Dictamen al que ese frente de colectivos, asociaciones y clubes cannábicos le siguen viendo varias irregularidades.
Por ello el MCM, en protesta, bloqueó el tránsito vehicular en avenida de Los Insurgentes en su cruce con Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, en tanto que en Jalisco colocaron plantas de mariguana alrededor de la Glorieta de la Minerva; en Veracruz, Tijuana, Estado de México y Guanajuato también se realizaron acciones de protesta, mismas que se habrán de prolongar durante 4 días consecutivos con 20 minutos.
De continuar avanzando la reforma para regular el consumo de la cannabis y de ser aprobada ante el Pleno del Senado, éste la enviará a la Cámara de Diputados para que, en calidad de Cámara revisora, realice modificaciones o la aprueba tal cual y la regrese al Sendo y éste a su vez enviarla al Ejecutivo Federal que contará hasta con 180 días para organizar y estructurar su puesta en marcha, y los Estados y municipios tendrán 90 días más para hacer lo propio.
Pero habrá de encontrarse en ese largo camino las acciones del MCM, frente cannábico que emitió un comunicado de prensa en el que señala que, si bien varias legisladoras expusieron como indispensable el respeto a los derechos de las personas usuarias de cannabis, es notoria la reticencia presente en diversas argumentaciones que insisten en mantener una vigilancia exacerbadam controles y prohibiciones injustificados hacia la ciudadanía en ejercicio de sus derechos.
