El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, reveló que el costo del Tren Maya se incrementó en 60 mil millones de pesos, siendo “el costo inicial de 140 mil millones de pesos y se va a casi 200 mil millones de pesos”.
Así lo dijo este lunes 25 de octubre al comparecer ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, y precisó que la tasa de retorno rondara entre 12 o 14 por ciento y se busca que su rentabilidad sea obtenida sobre todo por el turismo y la movilización de carga en toda la región de la península de Yucatán.
Informó que a la fecha 327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto. Señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos y se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos. Sin embargo, dijo que espera que ello no afecte el inició de operaciones del Tren Maya.
Aseveró que el Tren Maya es una parte de la estrategia del Gobierno de México para atender el sureste del país con la finalidad de saldar la deuda histórica, reducir la desigualdad e integrar a la región en las dinámicas económicas nacionales e internacionales.
En un ejercicio de rendición de cuentas ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, que preside la senadora Lucia Meza Guzmán; el titular de Fonatur expuso los avances y beneficios del proyecto Tren Maya en la región sureste del país.
Además, se atendieron cuestionamientos en materia de vinculación social, generación de empleo, turismo, ciencia, medio ambiente, cultura; destacando el proceso de Consulta Indígena y el proceso de salvamento arqueológico.
“El ejecutivo federal ha iniciado una serie de obras estratégicas para levantar una de las regiones más olvidadas del país y que sin duda tiene un gran potencial. El sureste en las últimas décadas ha servido mucho a la nación en términos de energía, turismo, cultura, sin recibir a cambio las inversiones y retribuciones correspondientes”, dijo.
El director general de Fonatur reiteró que el avance del Tren Maya se ha realizado gracias al acompañamiento de las comunidades, pues dijo que la institución ha atendido las preocupaciones de los pueblos originarios, logrando nutrir y mejorar el proyecto.
“El Tren Maya es un detonante de desarrollo para el sureste mexicano y salda una deuda histórica con la región, a través de políticas públicas vinculadas con la sociedad civil, las comunidades, el sector privado y los tres órdenes de gobierno”, declaró.
Frente a las y los senadores, Jiménez Pons puntualizó que el compromiso del Gobierno de México es terminar el proyecto en el 2023 para realizar las pruebas de seguridad y que en el año 2024 se inicien los servicios a la población, con precios subsidiados para la población local y a bajos costos para los ciudadanos nacionales.
