En un esfuerzo conjunto por fortalecer el marco de libertades en el sureste mexicano, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) arrancó este 27 de abril la Misión Peninsular 2026.
Esta gira de trabajo, coordinada con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) y su homóloga en Campeche (CODHECAM), busca analizar de primera mano el estado de la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la protección de activistas y comunicadores en la región.
Las actividades comenzaron hoy en el estado de Campeche, donde la delegación internacional sostendrá encuentros estratégicos con autoridades y academia durante el 27 y 28 de abril.
El foro abierto “Libertad de Expresión: un estándar internacional de derechos humanos”, facilitado por la ONU-DH desde la sede de la CODHECAM.
El objetivo es acercar los estándares internacionales a la ciudadanía y reflexionar sobre su aplicación frente a los retos locales.
La misión se trasladará a la capital yucateca los días 29 y 30 de abril.
La agenda en Mérida se centrará en la revisión del espacio público y la vinculación con la sociedad civil organizada.
En la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se presentará el informe: “El derecho a la protesta en Yucatán: desigualdades, resistencias y disputas por el espacio público”.
Este documento pretende ser el punto de partida para una conversación necesaria sobre la situación histórica y actual de las movilizaciones sociales en el estado, bajo una óptica democrática.
Se llevará a cabo una audiencia social con periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Este ejercicio busca identificar patrones de riesgo y prioridades que ayuden a diseñar políticas públicas más inclusivas y seguras para quienes ejercen la labor informativa y el activismo.
La jornada concluirá el 30 de abril con una serie de reuniones de alto nivel con representantes de los tres poderes del Estado en Yucatán.
Estas mesas de trabajo tienen como fin armonizar las leyes y acciones locales con los tratados internacionales, asegurando que el estado avance en la garantía de derechos fundamentales. Con esta misión, la ONU-DH busca consolidar una red de protección y articulación entre las instituciones y las comunidades del sureste.
