En un movimiento que tensa la cuerda diplomática entre Palacio Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cerró filas en torno a la soberanía jurídica del país frente a la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La petición estadounidense, que vincula formalmente al mandatario sinaloense con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, fue recibida en la capital mexicana no como un trámite judicial ordinario, sino como un proyectil político lanzado desde el exterior.
La postura desde el atril: “No somos subordinados”
Durante su conferencia matutina de este 30 de abril de 2026, la jefa del Ejecutivo Federal fue tajante al condicionar cualquier proceso legal a la existencia de evidencias tangibles, rechazando lo que calificó como una “intromisión” basada en narrativas y no en expedientes sólidos.
El factor soberanía: Sheinbaum enfatizó que México mantiene una relación de iguales con el gobierno de Estados Unidos. “Nunca de subordinación y menos de entreguismo”, sentenció, subrayando que la Constitución y las leyes mexicanas están por encima de las presiones extranjeras.
La llamada a Sinaloa: La mandataria confirmó haber tenido comunicación directa con Rocha Moya tras conocerse la acusación. Su mensaje hacia él fue de una calma vigilante: “Si no hay nada, no hay nada qué temer. ¡Nada! Tiene que haber pruebas”.
Neutralidad política: En un giro para desarticular las críticas de la oposición, Sheinbaum aseguró que actuaría con la misma vara si el señalado fuera un gobernador del PRI, PAN o Movimiento Ciudadano. “Me corresponde defender la Constitución y el debido proceso”, afirmó.
El laberinto jurídico y el “muro” del desafuero
Para que la justicia estadounidense pueda sentar a Rocha Moya en una de sus cortes, el camino en México parece, por ahora, bloqueado. La Presidenta recordó que, bajo la legislación nacional, un gobernador goza de inmunidad procesal.
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Evaluación de la FGR: El expediente ha sido turnado a la Fiscalía General de la República, la cual ya adelantó que la solicitud enviada por Washington carece de elementos probatorios suficientes.
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El requisito del desafuero: Antes de cualquier orden de aprehensión o trámite de extradición, el Congreso local o federal debería iniciar un juicio de procedencia (desafuero), un proceso que la administración actual no parece dispuesta a impulsar sin “pruebas contundentes e irrefutables”.
Trasfondo: ¿Justicia o estrategia política?
La acusación del Departamento de Justicia detalla supuestos pagos de sobornos de hasta 300 mil pesos mensuales a funcionarios sinaloenses para permitir la libre operación de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. No obstante, para el gobierno mexicano, el timing y la forma de la solicitud sugieren una intención de golpear la estabilidad de la “Cuarta Transformación”.
Mientras en Estados Unidos se habla de un “pacto político-criminal” en las elecciones de 2021, en México la respuesta es de resistencia institucional.
La moneda está en el aire, pero la instrucción de la Presidenta es clara: sin pruebas que crucen la frontera, el gobernador de Sinaloa no lo hará.
