En México, 3 de cada 4 personas adultas tienen sobrepeso u obesidad. El 35.6% de la población de 5 a 11 años tiene estos padecimientos. De igual forma, 10.3% de los mexicanos padece diabetes y el 18.4%, hipertensión.
Y en ese ese escenario, estudios consultados por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad (LabDO) indican que las personas que padecen sobrepeso y obesidad son señaladas, en muchas ocasiones, como las únicas responsables de su condición, por lo que sufren estigmatización y discriminación y en algunos casos sus oportunidades sociales, laborales o educativas se ven disminuidas (1).
Investigaciones realizadas en Estados Unidos indican que las personas con obesidad enfrentan prejuicios comparables con los de raza, situación especialmente cierta en mujeres.
Estas actitudes colocan especial carga sicológica en ellas, lo cual provoca el desarrollo de tendencias depresivas y lleva a tener problemas incluso a la hora de conseguir un empleo, en el entorno escolar o en las relaciones sociales (2).
De manera frecuente las niñas y los niños enfrentan discriminación y estigmatización por su peso desde temprana edad. Esto repercute de manera negativa en la calidad de vida de quienes la padecen, toda vez que la discriminación por el peso afecta de forma directa en la socialización, el bajo rendimiento escolar y produce baja autoestima, depresión y ansiedad, entre otros padecimientos mentales (3).
El artículo 1º de nuestra Carta Magna señala que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es enfática al señalar que ellos “tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.”
La Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres establece que “La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo”.
En cuanto a las causas de la obesidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido consistente en afirmar que esta es resultado de un conjunto de factores como el decremento de la actividad física, la naturaleza sedentaria de la vida moderna, así como un desbalance en las calorías consumidas y gastadas.
A estas circunstancias, señala la máxima autoridad mundial en materia de salud, hay que sumar aspectos genéticos que influyen en el cómo y cuándo se desarrollan estos padecimientos, por lo que se sugiere una compleja interacción entre el comportamiento, los hábitos, el ambiente y la herencia (4). Panorama que da por descontado que los responsables sean las personas en lo particular o alguna industria en específico.
Por todo ello, la pandemia de sobrepeso y obesidad que enfrenta el país debe ser reconocida como una enfermedad multifactorial, cuya solución implica acciones asertivas a distintos niveles.
La OMS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, así como organizaciones de la sociedad civil, de la academia y expertos en nutrición, recomiendan que las acciones emprendidas, enmarcadas en diversas políticas públicas, estrategias de difusión o comunicación, estén apegadas al respeto a los derechos humanos de las personas y a los prinicipios de igualdad y no discriminación
