- La Comisión de Puertos e Infraestructura Marítima del Senado de la República plantea una agenda de modernización y sostenibilidad. Su alcance dependerá de la coordinación entre SEMAR, las ASIPONAS y la ANAM para conectar inversiones, operación portuaria y despacho aduanero.
La competitividad de los puertos mexicanos se juega tanto en los muelles como en el recorrido de las mercancías hacia su destino. Bajo ese desafío, la Comisión de Puertos e Infraestructura Marítima del Senado, presidida por Araceli Saucedo Reyes, impulsará una agenda legislativa orientada a fortalecer el Sistema Portuario Nacional y su sostenibilidad a largo plazo.
El planteamiento parte de su peso en el comercio exterior. Según el documento de la Comisión, por vía marítima se moviliza el 40% de las importaciones y el 20% de las exportaciones del país, indicadores que muestran la relevancia del sector.
El diagnóstico también advierte diferencias regionales. Manzanillo, en el Pacífico, se mantiene como el principal puerto comercial del país y Lázaro Cárdenas presenta un crecimiento significativo, señala la Comisión. En contraste, reporta una caída en el movimiento de contenedores del Golfo de México.
Esa diferencia importa para diseñar respuestas. Los puertos tienen vocaciones, conexiones y mercados distintos; una estrategia de competitividad requiere identificar dónde faltan instalaciones, dónde existen demoras operativas y dónde el problema radica en la demanda o en la conectividad terrestre.
La industria automotriz ocupa un lugar destacado en esa red. El documento identifica a Veracruz, Altamira y Lázaro Cárdenas entre los principales puertos de exportación de vehículos, mientras que en las importaciones sobresalen Lázaro Cárdenas, Veracruz y Mazatlán. Su desempeño incide en la continuidad de las cadenas de suministro y en los tiempos de entrega.
En el ámbito fiscal, la Comisión refiere que la recaudación total de impuestos en las aduanas alcanzó en 2025 un billón 449 mil 461.4 millones de pesos. Añade que las aduanas marítimas aportaron 240 mil 829.6 millones de pesos más que el año anterior. El primer monto corresponde al conjunto de las aduanas; el segundo, al incremento atribuido a las marítimas.
El Plan Anual de Trabajo prevé espacios de deliberación con actores públicos, privados y sociales, nacionales e internacionales.
El Sistema Portuario Nacional comprende infraestructura, servicios y actores diversos; las Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS) son las entidades encargadas de planear y desarrollar los puertos bajo su concesión. Las federales están sectorizadas a la Secretaría de Marina, que conduce la política portuaria mediante sus áreas competentes.
En ese esquema, SEMAR y las ASIPONAS tienen un papel central en la planeación de infraestructura y la articulación de la actividad portuaria. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por su parte, ejerce funciones de control, inspección y recaudación vinculadas con la entrada y salida de mercancías. Administrar un puerto y realizar el despacho aduanero son responsabilidades distintas que necesitan coordinación cotidiana.
Desde una perspectiva de gestión, ampliar muelles o patios tendría un efecto limitado si la carga encuentra después obstáculos en las inspecciones, las terminales o los accesos carreteros y ferroviarios. Una ruta de mejora sería conectar los sistemas digitales de administraciones portuarias, operadores y transportistas, con información anticipada, trazabilidad y controles de acceso seguros. La automatización podría reducir capturas repetidas y facilitar la programación de revisiones y retiros, sin debilitar el control aduanero.
Para evaluar avances convendría medir por separado la espera de los buques, la permanencia de la carga, los tiempos de despacho y la salida del transporte terrestre. Esa distinción permitiría identificar quién puede resolver cada demora y evitar que toda congestión se atribuya a la aduana o a la administración portuaria.
El cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia también podrían ampliar las opciones logísticas, siempre que existan cargas suficientes, frecuencias confiables y conexiones terrestres eficientes. La sostenibilidad tendría que incorporarse a esas decisiones mediante mantenimiento, gestión de residuos, eficiencia energética y evaluación ambiental de las obras.
La oportunidad legislativa está en establecer condiciones para que infraestructura, operación y regulación avancen juntas.
