POR EK XIB YAOTECÁTL
Umán, Yucatán. — Habitantes de las comunidades de Tebec, Peba (Petecbiltun) y Hotzuc denunciaron graves afectaciones ambientales, riesgos viales y daños estructurales provocados por la operación de tres bancos de extracción en seco de material pétreo en la zona, así como presiones legales contra su autoridad comunitaria tras las recientes clausuras temporales a las empresas extractivas.
La única vía de acceso que conecta a estas localidades con el resto del municipio se ha convertido en una ruta de alto riesgo por el tránsito ininterrumpido de volquetes, góndolas y unidades de doble remolque.
De acuerdo con los pobladores, los camiones de carga pesada circulan a exceso de velocidad, derraman escombros sobre la cinta asfáltica y congestionan el puente vehicular construido como parte de las obras del Tren Maya, comprometiendo la movilidad diaria de cientos de familias.
Los vecinos señalaron que la actividad extractiva no solo amenaza la seguridad vial, sino la calidad de vida y el equilibrio ecológico del entorno:
Denuncian que las detonaciones constantes con dinamita generan ondas y vibraciones que cimbran las viviendas y alteran la tranquilidad de la población rural.
El retiro intensivo de la cubierta vegetal ha provocado la pérdida de flora local y ruido industrial continuo.
La circulación de vehículos pesados ha derivado en frecuentes atropellamientos tanto de animales domésticos como de fauna silvestre nativa de la selva baja.
El conflicto escaló al terreno jurídico luego de que la empresa extractora Procon promoviera un juicio de amparo contra la clausura de 15 días aplicada recientemente a sus instalaciones.
La medida de clausura fue ejecutada por dependencias del Ayuntamiento de Umán en ejercicio de sus facultades de inspección; no obstante, el recurso legal de la promovente incluyó también como autoridad señalada al comisario municipal de Tebec, lo que ha generado incertidumbre y temor a represalias legales entre las familias y colectivos organizados.
La empresa no puede interponer un amparo contra vecinos o integrantes de un movimiento ciudadano, ya que los habitantes no actúan como autoridad facultada para clausurar o emitir actos vinculantes de gobierno.
Las empresas a veces intentan frenar la protesta mediante denuncias penales por presuntos bloqueos (“obstrucción de vías de comunicación”) o demandas civiles de daño moral/pérdidas económicas.
