- Organizaciones civiles presentaron en Mérida la campaña “Proteger la Dignidad” y llamaron a derogar los delitos contra el honor que pueden utilizarse para perseguir el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos. Entre 2022 y 2026, Somos Periodistas documentó al menos 27 agresiones contra periodistas en Yucatán.
Mérida, Yucatán.— En un estado donde la defensa del territorio, la denuncia ambiental y el ejercicio periodístico enfrentan amenazas, hostigamiento y procesos judiciales, organizaciones de la sociedad civil alzaron la voz para exigir mayores garantías de protección y reformas legales que impidan criminalizar a quienes informan, protestan y defienden derechos humanos.
Bajo el nombre de “Proteger la Dignidad”, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), junto con el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta, presentó en Mérida una campaña que busca visibilizar los riesgos de estas actividades y colocar su protección entre las prioridades de la agenda pública de Yucatán.
Durante la presentación, las organizaciones advirtieron que las agresiones contra periodistas y personas defensoras no solo afectan a quienes las padecen directamente, sino también a las comunidades que dependen de su labor para conocer hechos de interés público, denunciar abusos y exigir el cumplimiento de sus derechos.
De acuerdo con los registros de Somos Periodistas, entre 2022 y 2026 se han documentado al menos 27 agresiones contra periodistas en Yucatán, entre ellas violencia física, amenazas, intimidaciones, censura, hostigamiento y acoso judicial.
Estas cifras, señalaron, evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y protección, así como la coordinación entre autoridades, organizaciones civiles y profesionales de la información.
Defensa del territorio, entre amenazas y procesos judiciales
La situación también alcanza a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, especialmente en comunidades donde existen conflictos relacionados con el uso del territorio y los recursos naturales.
Entre las problemáticas identificadas por las organizaciones destacan la contaminación del agua asociada con granjas porcícolas, la especulación inmobiliaria, el despojo territorial, la tala ilegal y las deficiencias en saneamiento e infraestructura urbana.
En estos contextos, advirtieron, las personas defensoras pueden enfrentar detenciones, campañas de desprestigio, estigmatización y procedimientos judiciales relacionados con su participación en protestas o denuncias públicas.
Ante este panorama, consideraron indispensable garantizar que las comunidades puedan expresar sus inconformidades y exigir soluciones sin temor a represalias.
Exigen al Congreso derogar delitos contra el honor
Uno de los principales llamados de la campaña está dirigido al Congreso del Estado de Yucatán, al que solicitaron aprobar íntegramente el paquete de reformas legislativas presentado por el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta y Amnistía Internacional México.
La propuesta busca eliminar disposiciones penales que pueden utilizarse para criminalizar el ejercicio periodístico y la protesta social, entre ellas los delitos contra el honor, como la difamación, la calumnia y la injuria. También contempla modificaciones legales para fortalecer las garantías de libertad de expresión y manifestación.
Para las organizaciones, contar con leyes que protejan estos derechos representa un paso necesario para evitar que periodistas, activistas y comunidades enfrenten procedimientos penales por denunciar problemas sociales o participar en manifestaciones.
El planteamiento también insiste en que las autoridades deben fortalecer la coordinación institucional, establecer medidas de prevención y garantizar mecanismos efectivos de protección ante amenazas o agresiones.
Una campaña para convertir el reconocimiento en protección
El Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta, presentado el 9 de septiembre de 2026 en Mérida, está integrado por Somos Periodistas, Igualdad Sustantiva Yucatán A. C., Reflexión y Acción Feminista y Kanan Derechos Humanos.
Por su parte, Espacio OSC reúne a organizaciones nacionales como ARTICLE 19 México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), entre otras. La articulación cuenta con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Proyecto México.
Con la campaña “Proteger la Dignidad”, ambas agrupaciones buscan que el reconocimiento a quienes ejercen el periodismo y defienden los derechos humanos no permanezca únicamente en el discurso, sino que se traduzca en políticas públicas, normas y mecanismos capaces de responder ante situaciones de riesgo.
En Yucatán, donde las denuncias ambientales, la defensa del territorio y la vigilancia ciudadana forman parte de la vida pública, el llamado de las organizaciones coloca una tarea concreta ante el Congreso y las autoridades: garantizar que informar, denunciar y protestar no se conviertan en motivos de persecución, sino en derechos que puedan ejercerse con seguridad.
