CIUDAD DE MÉXICO. — La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal recibió formalmente una propuesta impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de subsanar un vacío crítico en la regulación de plataformas digitales: la ausencia de controles sobre el modelo publicitario que lucra con los datos y daña la salud física y mental de niñas, niños y adolescentes (NNA).
La iniciativa se presentó tras la publicación, el pasado 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Decreto para garantizar entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum en acuerdo con empresas tecnológicas como Meta, Google, TikTok, X, Microsoft, Apple y Huawei.
El vacío regulatorio en el decreto presidencial
Si bien el decreto recientemente promulgado establece obligaciones para restringir contenidos de odio, violencia sexual, autolesiones y trastornos alimenticios —además de exigir verificación de edad y supervisión parental—, las organizaciones advirtieron que la medida dejó fuera el verdadero motor económico de las grandes plataformas: el negocio publicitario basado en la vigilancia digital.
De acuerdo con las organizaciones civiles, las plataformas monitorean la navegación, interacciones, temores e inseguridades de las infancias para construir perfiles individuales mediante algoritmos e inteligencia artificial. Con esa información, colocan anuncios altamente persuasivos justo en los momentos de mayor fragilidad emocional.
“Su modelo de negocio descansa en los ingresos publicitarios, para lo cual vigilan las preferencias, la navegación, los diálogos y las vulnerabilidades de cada niña, niño y adolescente… Es un sistema que lucra con la salud física y mental de las personas”, advirtió Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, citando evidencia de UNICEF sobre el impacto del marketing digital en la niñez.
Alimentos ultraprocesados y formatos engañosos
Por su parte, Ana Larrañaga, investigadora de Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor, alertó que la continua exposición a publicidad dirigida de refrescos, bebidas energéticas y productos ultraprocesados atenta directamente contra el derecho de las infancias a un desarrollo pleno:
- Formatos camuflados: La publicidad suele presentarse como contenido lúdico, dinámicas de videojuegos o publicaciones de creadores de contenido e influencers, impidiendo que los menores identifiquen que se trata de un anuncio.
- Asociación positiva de daños: Esta estrategia normaliza el consumo de productos con bajo valor nutricional, vinculándolos a emociones positivas y hábitos perjudiciales.
- Comprobación empírica: Investigaciones recientes basadas en perfiles simulados de NNA demostraron que los algoritmos orientan anuncios específicos explotando las vulnerabilidades emocionales y dudas de autoimagen de cada usuario menor de edad.
Tres demandas centrales para blindar a las infancias
Para subsanar esta omisión y articular las normas vigentes —como las restricciones del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad y de la Ley General para el Control del Tabaco—, la sociedad civil solicitó a la Consejería Jurídica que el marco del decreto incorpore tres ejes vinculantes:
- Prohibición de publicidad personalizada: Impedir la recopilación, tratamiento y mercantilización de datos personales de NNA orientados a la segmentación comercial.
- Control algorítmico e IA: Restringir el diseño de sistemas automatizados que aprovechen vulnerabilidades psicológicas para maximizar la exposición comercial de las infancias.
- Retiro de publicidad de comida chatarra: Hacer exigible a las plataformas la detección, prevención y remoción inmediata de anuncios de productos con sellos de advertencia dirigidos a este sector.
Doré Castillo, integrante de Salud Crítica, recalcó que México se encuentra en una coyuntura estratégica: “Nuestro país tiene la oportunidad de reforzar esta protección legislando de forma integral y vinculante en materia de publicidad digital, a fin de ampliar en este ámbito la protección a la salud de las nuevas generaciones”.
Las organizaciones concluyeron que un entorno digital seguro no puede considerarse completo si excluye la salud nutricional y emocional de las infancias, e instaron al Ejecutivo a fijar normativas obligatorias y sanciones claras si las compañías tecnológicas no adoptan estas medidas de manera voluntaria
