El tablero político nacional de cara al proceso electoral intermedio de 2027 ha entrado en una fase decisiva. Morena y sus partidos aliados concluyeron el proceso de designación de las 17 Coordinaciones Estatales de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, figuras que operarán como el eje central de la organización territorial, la estructura comunitaria y, de manera virtual, los perfiles que encabezarán las candidaturas a las gubernaturas en disputa.
Un factor determinante en esta arquitectura política ha sido el protagonismo del Poder Legislativo Federal. Diversas senadoras y senadores en funciones o con licencia se han desprendido temporalmente de sus escaños en la Cámara Alta para asumir la responsabilidad de coordinar los trabajos políticos en sus entidades natales o de adopción. Esta transición del escenario parlamentario al activismo territorial redefine las dinámicas de poder interno del movimiento oficialista, priorizando cuadros con experiencia en la construcción de acuerdos institucionales y operadores con arraigo en sus regiones.
Perfiles Legislativos en la Coordinación Territorial
La selección de legisladores y exlegisladores para liderar las coordinaciones estatales responde a una estrategia que busca combinar la disciplina partidista con la visibilidad política adquirida durante las discusiones de reformas constitucionales y leyes secundarias en el Congreso de la Unión.
Entre los nombramientos más destacados que proceden directamente de la Cámara de Senadores se encuentran:
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Ana Lilia Rivera (Tlaxcala): Asumió la coordinación estatal tras solicitar licencia a su escaño. Con una trayectoria marcada por su paso en la Mesa Directiva del Senado y su labor legislativa enfocada en la defensa de los derechos comunitarios, Rivera encabeza los trabajos en un estado clave para la continuidad del bloque oficialista.
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Julieta Ramírez Padilla (Baja California): Una de las figuras generacionales más jóvenes del movimiento, con trayectoria previa en la Cámara de Diputados y funciones de vocería y secretaría en el Senado, designada para articular la estructura de Morena en la frontera norte.
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Imelda Castro Castro (Sinaloa): Senadora con licencia de amplia trayectoria en las filas de la izquierda institucional, cuya experiencia política y legislativa respalda la consolidación territorial en el noroeste del país.
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Verónica Díaz Robles (Zacatecas): Legisladora con licencia y exdelegada de programas federales, designada para encabezar la coordinación en su estado en un proceso donde convergen diversas fuerzas y expresiones del movimiento.
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Beatriz Mojica Morga (Guerrero): Senadora con licencia con más de dos décadas de trayectoria en la vida pública nacional y estatal, seleccionada para cohesionar la estructura en una de las entidades con mayor tradición de movilización social.
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Lorenia Valles Sampedro (Sonora): Senadora con licencia y ex legisladora federal, quien asumió la tarea de liderar la estrategia de organización en la entidad norteña.
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Eugenio “Gino” Segura Vázquez (Quintana Roo): Senador con licencia que integra su experiencia en la administración hacendaria local con el despliegue organizativo en el sureste mexicano.
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Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes): Senadora con licencia y exfuncionaria federal en el sector educativo, quien encabeza los esfuerzos para disputar un bastión histórico de la oposición en el centronorte del país.
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Jasmine Bugarín Rodríguez (Nayarit): Senadora con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyo nombramiento refleja la operatividad de la coalición legislativa y electoral entre los partidos aliados a nivel regional.
Los Desafíos de la Unidad y el Trabajo Comunitario
La estrategia de Morena al postular a perfiles con experiencia legislativa busca dotar a las coordinaciones estatales de un perfil institucional capaz de mediar entre las distintas expresiones internas. Los procesos de selección, basados fundamentalmente en encuestas de opinión y criterios de paridad de género, no han estado exentos de tensiones locales ni de expresiones de inconformidad por parte de aspirantes desfavorecidos.
Ante este escenario, los nuevos coordinadores —incluyendo a aquellos que dejaron temporalmente sus escaños legislativos— tienen como mandato prioritario la construcción de mesas de conciliación política, la desactivación de fracturas internas y la instalación formal de comités de defensa territorial en cada sección electoral.
El éxito de estas dirigencias estatales no solo medirá la capacidad de transferencia de popularidad de la administración federal hacia los territorios locales, sino también la eficacia de una clase política que transita del debate parlamentario tradicional a la movilización directa de bases de cara a una de las elecciones intermedias más competidas de la historia reciente de México.
