Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó con cambios el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y regresó la minuta a la Cámara de Diputados.
El texto que generó discusiones entre los líderes de los grupos parlamentarios, respecto al retiro de la facultad de los congresos estatales en caso de solicitud de desafuero al ejecutivo local por parte de los diputados federales, fue desechado y eso permitió alcanzar el consenso para sacar adelante la nueva ley.
El senador Ricardo Monreal instó a sus aliados políticos a atender esta molestia de la oposición para destrabar el dialogo y avanzar en la votación favorable de los 106 legisladores.
Al ser cámara de origen, San Lázaro deberá atender este cambio realizado por los senadores y proceder de nueva cuenta a su votación.
La nueva ley regula los procedimientos que permiten actuar de forma legal contra funcionarios públicos, entre ellos el presidente de la República, gobernadores, ministros, integrantes de organismos autónomos y legisladores por casos de corrupción y delitos electorales, entre otros, quienes podrán ser sancionados, destituidos o inhabilitados cuando sus actos u omisiones perjudiquen los intereses públicos.
En el caso del presidente de México podrá ser juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales.