La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero confirmó este miércoles que un Juez Federal ordenó la suspensión definitiva del contrato por 370 millones de pesos asignado a la empresa Red Ambiental, ligada a Jorge Emilio González, mejor conocido como “el Niño Verde”, al haberse comprobado que la alcaldía de Benito Juárez Cancún, inventó una supuesta emergencia sanitaria para beneficiar a dicha empresa.
Fue durante la conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional en la que, en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la titular de Gobernación respondió la pregunta de un reportero sobre este caso de probable corrupción.
A Olga Sánchez Cordero se le hizo saber que hace unos días el presidente de México pidió que se investigara la asignación de ese monto millonario a favor del Niño Verde y justo la noche del martes un Juez Federal falló en contra de esa adjudicación por parte de la presidenta municipal de Cancún, Mara Lezama.
“Tengo conocimiento de los hechos y tenemos que darle oportunidad a los funcionarios que llevan estos asuntos que vinieran a informar puntualmente”, respondió la secretaria de Gobernación.
Y es que justo la noche del martes, el Juzgado Segundo de Distrito en materia Federal, concedió la Suspensión Definitiva al acuerdo de cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez de fecha 15 de diciembre de 2020, con el cual “inventado una supuesta emergencia ambiental”, ante una crisis en la recolección de basura de la ciudad de Cancún creada por el propio ayuntamiento, para pretender justificar asignar sin licitación y sin procedimiento alguno, un millonario contrato por 370 millones de pesos a la empresa “Red Ambiental”, vinculada a Jorge Emilio González “El Niño Verde”, a quien según declaraciones del propio primer regidor del ayuntamiento Isaac Janix, se le habría asignado como pago anticipado por la alianza verde-morena, que impulsa la candidatura para la reelección de la alcaldesa Mara Lezama, situación que fue denunciada en la conferencia mañanera del Presidente López Obrador, quien solicito sea investigado.
La suspensión definitiva ordenada por el juez federal, fu decretada respecto de los Actos Reclamados por la concesionara Intelligencia Mexico SA, al Ayuntamiento de Benito Juárez y a Solución Integral de Residuos Solidos, Cancun (SIRESOL), que fue despojada de su concesión para asignar por “una supuesta emergencia ambiental” creada por el propio Ayuntamiento de Cancun, para jsutificar entregar el negocio de la basura a la empresa del Niño Verde, la suspensión decretada por el juez ordena ordena:
“1. La medida cautelar definitiva tiene el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban en el momento en el que se dictó el acuerdo recurrido de diecisiete de diciembre de dos mil veinte que modificó el punto cuarto del acuerdo de catorce de diciembre del año pasado; esto es, se permita a la concesionaria quejosa continuar con el servicio que le fue concesionado, exactamente en los términos que establece el contrato respectivo y con derecho a la contraprestación pactada.”
Como consecuencia, la empresa Intelligencia México, S.A. de C.V., legal concesionaria del servicio público de recolección y traslado de residuos sólidos en Cancún, deberá continuar con sus operaciones normales en las rutas establecidas, sin obstrucción alguna, a fin de cumplir cabalmente con el contrato de concesión de residuos que serán depositados en el Relleno Sanitario asignado para tales efectos; dejando fuera de la operación de inmediato a la empresa del “Niño Verde”.
Con esta medida ordenada por el Juzgado Federal 2do de Distrito, se reestablece también al empleo a los más de quinientos trabajadores y sus familias, que durante 25 años han prestado el servicio de recolección de basura en la ciudad de Cancún; y que habían sido despojados de sus empleos con la asignación ilegal y sin licitación a la empresa del dirigente del partido verde.
Cabe mencionar que se considero que durante los últimos meses el Municipio de Benito Juárez Cancún ha venido teniendo crisis recurrentes en la recolección de basura, debido a a que la empresa concesionaria había tenido que transitar con irregularidades, y problemas en el servicio de recolección, por el incumplimiento deliberado y permanente del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien desde el mes de mayo del año pasado dejo de pagar la contraprestación por el servicio de recolección de basura, que debían pagar en términos del contrato de concesión y por la obstrucción deliberada en la operación, con el objeto de inducirla al error por parte del propio ayuntamiento de Cancún; por lo que esta Resolución se ordena restaure la normalidad en el pago de adeudos que el Ayuntamiento tiene con esta empresa.
Otra de las crisis que el ayuntamiento utilizó para pretender justificar la asignación por emergencia sin licitación a la empresa vinculada al líder del partido verde, fueron el paso de los huracanes en el mes de octubre y la afectación de la pandemia del COVID-19; que durante su impacto ocasionaron afectación a los servicios de luz, agua y recolección de basura que fueron dañados durante el impacto de los fenómenos meteorológicos; considerando que a pesar de ello, los más de quinientos trabajadores de la empresa concesionaria Intelligencia México, exponiendo su salud y hasta sus vidas, sometiéndose a jornadas forzadas y prácticamente sin recursos económicos, hicieron turnos para no suspender totalmente el servicio; lo que la empresa logro probar ante el juez, considerando injusto, pretender que el servicio se haya dado de manera irregular durante ese periodo, cuando todos los demás servicios públicos Municipales, Estatales y Federales, habían sido suspendidos; al igual que el de recolección de basura.
Por último el juzgado segundo de distrito consideró que con la suspensión definitiva concedida no se afectará al erario público, ni el interés social, en la medida que ambas empresas cobran por tonelaje recogido, de modo que el gasto erogado será siempre igual; más aún, más barato, ya que todo el tonelaje recogido por Intelligencia México, se pagará a la mitad del precio de lo que el ayuntamiento pactó pagarle en el contrato ilegal a la empresa espuria.