Lo que inició como una serie de advertencias y tensiones internas ha estallado por completo la mañana de este martes 9 de junio de 2026.
Miles de ciudadanos de Mérida amanecieron atrapados en el caos vehicular y con paraderos saturados debido a un recorte masivo en las operaciones del sistema de transporte público “Va y Ven”.
Los concesionarios decidieron reducir el servicio hasta en un 50%, empleando la inmovilización de unidades como medida de presión contra el Gobierno del Estado.
La drástica acción responde a la inconformidad de los empresarios transportistas con las nuevas modalidades de cobro implementadas bajo el esquema de pago por kilómetro garantizado, sumado a un presunto adeudo acumulado por parte de las autoridades estatales que, según los afectados, asciende hasta los 180 millones de pesos.
Desde las cinco de la mañana, las principales arterias de la capital yucateca y rutas clave como el Circuito Metropolitano y el Periférico comenzaron a reflejar el impacto.
Concesionarias como Minis 2000, entre otras, optaron por mantener una gran parte de sus flotillas guardadas en los encierros, provocando que los tiempos de espera en los paraderos se triplicaran.
El descontento social no se hizo esperar. En paraderos del Centro Histórico y colonias periféricas, las filas kilométricas evidenciaban la frustración de trabajadores, oficinistas y estudiantes que vieron imposible llegar a tiempo a sus destinos.
El vacío dejado por los autobuses híbridos fue cubierto a cuentagotas por colectivos alternos, taxis y plataformas digitales, cuyas tarifas se dispararon ante la alta demanda, afectando directamente los bolsillos de las familias meridanas.
De acuerdo con fuentes del sector transportista, las empresas se encuentran en una situación financiera crítica y argumentan que la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) padece de insolvencia, arrastrando adeudos que vuelven insostenible la operatividad diaria y la compra de combustible.
Los concesionarios exigen una inyección de capital inmediata, argumentando que el esquema actual les genera sobrecostos imposibles de absorber.
Por su parte, la postura del Gobierno Estatal ha apuntado a una reestructuración de fondo en el modelo de pagos para eliminar intermediarios y garantizar la transparencia del erario, recordando que la suspensión deliberada o el recorte del servicio público constituye una infracción reincidente grave a la Ley de la Agencia de Transporte, la cual podría derivar en severas sanciones o el retiro definitivo de concesiones.
Mientras las mesas técnicas de negociación continúan a puerta cerrada, la incertidumbre y el enojo crecen en las calles.
Lo que fue presentado como el proyecto insignia de la modernización vial en Yucatán enfrenta hoy su prueba más difícil, manteniendo a la ciudadanía como rehén de una pugna financiera que promete extenderse si ninguna de las partes cede en las próximas horas.
