InicioNacionalDiputados impulsan atención integral para la comunidad LGBTTTIQ+ en México

Diputados impulsan atención integral para la comunidad LGBTTTIQ+ en México

La Comisión de Diversidad de la Cámara de Diputados buscará incorporar al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 un programa de apoyo para personas de la diversidad sexual y de género en situación de vulnerabilidad, además de fortalecer la atención al VIH y el acceso a la justicia sin discriminación.

Ante la persistencia de la violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a servicios de salud y justicia, la Cámara de Diputados busca abrir paso a nuevas medidas de protección para las personas de la diversidad sexual y de género en México, mediante un programa integral que atienda a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

El presidente de la Comisión de Diversidad, Jaime Genaro López Vela, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), informó que solicitarán a la Secretaría de Bienestar incorporar esta propuesta al Anexo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, con el propósito de destinar acciones específicas a las necesidades de la comunidad LGBTTTIQ+.

Durante su intervención, el legislador puso especial atención en la situación de las mujeres trans, al advertir sobre la violencia que enfrentan y recordar tres casos recientes de transfeminicidio, los cuales consideró una muestra de la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección.

La propuesta también contempla impulsar un nuevo modelo de atención al VIH, al señalar que esta problemática de salud pública continúa afectando de manera importante a determinados sectores de la población, entre ellos personas de la diversidad sexual.

López Vela explicó que la Comisión dará seguimiento a la discusión presupuestal para promover medidas que respondan tanto a las necesidades de atención médica como a las condiciones de desigualdad y exclusión que persisten en el país.

Como antecedente, recordó que el pasado 15 de octubre se presentó en la Cámara de Diputados el Anexo 33, instrumento que, por primera vez, reúne acciones presupuestarias transversales del Gobierno Federal dirigidas a la atención de personas de la diversidad sexual y de género.

De acuerdo con el legislador, este apartado contempla recursos cercanos a los 43 mil millones de pesos, distribuidos entre 29 instituciones federales, mediante programas y acciones vinculadas con la atención de situaciones de vulnerabilidad.

Buscan fortalecer la justicia sin discriminación

En la misma jornada legislativa, la Comisión de Diversidad aprobó, con seis votos a favor, un dictamen de punto de acuerdo para solicitar a las fiscalías de las 32 entidades federativas la implementación de un protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra personas de la diversidad sexual y de género.

La medida busca establecer criterios comunes de actuación, fortalecer las investigaciones y evitar prácticas discriminatorias durante los procesos de procuración de justicia.

La diputada María Damaris Silva Santiago, de Morena, promotora del punto de acuerdo, señaló que el reconocimiento de derechos debe acompañarse de cambios concretos en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

“No podemos hablar de un acceso efectivo a la justicia mientras las personas de la diversidad sexual y de género continúen enfrentando prácticas discriminatorias dentro de las instituciones que deberían protegerlas”, expresó.

La legisladora sostuvo que la homologación de los procedimientos permitirá avanzar hacia investigaciones más eficaces y garantizar un trato digno, igualitario y respetuoso para quienes acudan a denunciar algún delito.

Con estas propuestas, la Comisión de Diversidad coloca en la agenda legislativa dos asuntos centrales: la asignación de recursos públicos para atender a las poblaciones más vulnerables y el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la justicia.

El siguiente paso será llevar estas demandas a la discusión presupuestal y promover su aplicación en las instituciones correspondientes, en un escenario donde el desafío no solo consiste en reconocer derechos, sino en garantizar que puedan ejercerse sin violencia, exclusión ni discriminación.

 

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