Mérida, Yucatán. — Durante este inicio de semana, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, lanzó una contundente advertencia al asegurar que en el municipio no se va a permitir la extorsión ni ningún tipo de corruptela que afecte a los comerciantes.
La postura de la autoridad municipal se da en un momento clave, marcado por el avance de las indagatorias ministeriales en contra de grupos delictivos dedicados al llamado “cobro de piso” en la capital yucateca.
En su mensaje, Patrón Laviada recalcó que la administración municipal mantiene una postura de cero tolerancia ante cualquier acto ilegal que vulnere la tranquilidad y el patrimonio de quienes laboran en los espacios comerciales de la ciudad.
La edil enfatizó que ninguna persona ajena a las instancias oficiales tiene facultades para exigir pagos o cuotas a los vendedores, recordando que el único conducto legal para el pago de derechos municipales es la Tesorería del Ayuntamiento.
Asimismo, instó tanto a locatarios establecidos como a comerciantes ambulantes a romper el silencio y denunciar formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) cualquier intento de chantaje, amenaza o exigencia irregular de dinero.
El posicionamiento de la alcaldesa no ocurre en el vacío; se enmarca en una reciente serie de investigaciones y operativos de seguridad que han encendido las alertas en Mérida respecto a la operación de redes de extorsión.
Detrás de estas prácticas ilícitas se ha señalado la presunta participación de integrantes de una agrupación autodenominada “La Concordia”, la cual ha intentado permear en zonas comerciales y habitacionales —especialmente en sectores del poniente de la ciudad, como el fraccionamiento Ciudad Caucel— para exigir cuotas obligatorias o “cobros de piso” a cambio de supuesta protección o permisos para laborar.
Ante esta situación, las corporaciones de seguridad estatal, mediante acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través de la Policía Estatal de Investigación (PEI) y la propia FGE, ejecutaron órdenes de aprehensión contra personas vinculadas directamente a estas actividades bajo el amparo de dicha asociación. Recientemente, autoridades judiciales dictaron prisión preventiva justificada a los primeros implicados —identificados como José Esteban S.B. y Karen Odeth B.L.— bajo cargos de extorsión agravada dentro de la causa penal correspondiente.
El Ayuntamiento de Mérida reiteró que mantendrá canales de comunicación abiertos y una estrecha coordinación con las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado. Con estas acciones, tanto el gobierno municipal como las corporaciones policiales buscan frenar la importación de prácticas delictivas de otras entidades, garantizando que Mérida conserve los estándares de seguridad y paz social que caracterizan a la región.
