- Con 86 votos a favor y uno en contra, la Cámara Alta aprobó modificaciones para incorporar un lenguaje incluyente y no sexista en la legislación que regula a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- La reforma plantea sustituir expresiones como “presidente” por “persona titular de la Presidencia”, bajo el argumento de que el lenguaje jurídico debe reconocer la igualdad, la paridad y la participación de las mujeres en la vida pública.
CIUDAD DE MÉXICO.– El lenguaje con el que se redactan las leyes mexicanas vuelve al centro del debate legislativo. Esta vez, el Senado de la República aprobó una serie de modificaciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el propósito de sustituir expresiones construidas desde el masculino genérico por fórmulas que reconozcan de manera incluyente a todas las personas.
Con 86 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Cámara Alta avaló el dictamen que busca adecuar la redacción de este ordenamiento jurídico, bajo la premisa de que las palabras utilizadas por las instituciones públicas también influyen en la representación y el reconocimiento de quienes participan en ellas.
Entre las modificaciones destaca la sustitución del término “presidente” por “persona titular de la Presidencia”, una adecuación que pretende evitar que los cargos de autoridad se identifiquen exclusivamente mediante expresiones masculinas.
La discusión trasciende una modificación gramatical. De acuerdo con los argumentos expuestos durante el debate parlamentario, el lenguaje incluyente encuentra sustento en instrumentos internacionales que establecen obligaciones de igualdad y no discriminación, así como en la necesidad de eliminar estereotipos de género que persisten en los espacios públicos e institucionales.
En ese sentido, las y los legisladores señalaron que la actualización del marco normativo no responde a una tendencia pasajera ni a una cuestión meramente estética, sino a compromisos asumidos por los Estados para garantizar condiciones de igualdad y reconocimiento.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, sostuvo que las reformas buscan dotar de mayor claridad y precisión al texto legal, al tiempo que reconocen los derechos de quienes durante décadas han quedado comprendidas bajo expresiones formuladas en masculino.
Desde esta perspectiva, la modificación de las leyes constituye también una forma de revisar las estructuras lingüísticas mediante las cuales históricamente se han definido los espacios de poder y representación institucional.
Por su parte, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, consideró que adecuar la legislación representa un avance hacia la paridad y la igualdad de oportunidades, al contribuir a erradicar expresiones de exclusión y fortalecer instituciones que reconozcan la dignidad de todas las personas.
Durante la discusión, la senadora de Morena, Claudia Tello Espinosa, destacó que las palabras transmiten ideas sobre quiénes pueden decidir, representar y ejercer autoridad. Advirtió que el uso sistemático del masculino genérico en las normas puede contribuir a invisibilizar la presencia de las mujeres en los espacios de decisión.
En la misma línea, Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que la permanencia de fórmulas jurídicas inadecuadas, reproducidas por costumbre, hace necesario revisar los textos legales para favorecer condiciones de mayor reconocimiento y acceso a oportunidades en la vida pública.
La aprobación del dictamen abre así una discusión sobre el papel del lenguaje en la construcción de instituciones más igualitarias. Más allá de las palabras que se sustituyan, el planteamiento legislativo parte de reconocer que la manera en que se nombran los cargos, las funciones y las responsabilidades públicas también forma parte de la representación jurídica de la sociedad.
El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo, por lo que las modificaciones todavía no constituyen una reforma vigente. Su eventual incorporación a la Ley de la CNDH dependerá de las siguientes etapas del procedimiento parlamentario.






