Por Rodolfo Montes
Ariadna Montiel ha asumido la dirigencia nacional de Morena, pero en el corazón de la Ciudad de México, donde el eco de la “Cuarta Transformación” suele sonar a victoria estrepitosa, el ambiente del más reciente Congreso Nacional del partido guinda se sintió, por primera vez, denso y cargado de murmullos eléctricos.
No era para menos: el relevo de la dirigencia nacional, que debía ser un desfile de unidad, quedó marcado por las sombras de una crisis de legitimidad que ya no solo proviene de la oposición, sino de los expedientes judiciales en Estados Unidos.
La ausencia más ruidosa fue la de Rubén Rocha Moya.
La militancia, acostumbrada a cerrar filas, procesaba en los pasillos la noticia que ha fracturado el discurso oficial: el gobernador de Sinaloa se ha separado del cargo para enfrentar una acusación formal de narcotráfico por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La incertidumbre era palpable entre los delegados.
“¿Quién sigue?”
El caso Rocha Moya no es visto como un incidente aislado, sino como una grieta que amenaza con inundar la estructura territorial del partido.
El miedo a una “purga” orquestada desde Washington proyectó una sombra alargada sobre la mesa del presídium, donde las sonrisas de los líderes lucían más tensas que de costumbre.
En medio del jaloneo por las carteras del Comité Ejecutivo Nacional, la figura de Andrés Manuel López Beltrán destacó por su desplazamiento del foco principal.
Aunque sigue siendo el operador de los afectos profundos de la base, el hijo del expresidente fue estratégicamente relegado de los discursos estelares y del escenario central.
Este movimiento se interpretó como una medida de contención de daños.
Ante la narrativa de los “narcogobernadores”, la cúpula parece haber decidido que la imagen de la familia fundadora debe mantenerse blindada, lejos de la pirotecnia política inmediata, para evitar que los dardos judiciales que hoy caen sobre los estados terminen salpicando la “reserva moral” del movimiento.
La crónica del relevo no estaría completa sin mencionar el desasosiego que generan otros mandatarios estatales.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, fue blanco de comentarios en las células de discusión tras los frontales señalamientos de la alcaldesa de Uruapan, quien lo ha calificado abiertamente como un “narcogobernador”.
A este clima de sospecha se suma Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, cuyos presuntos vínculos —aireados desde su campaña— volvieron a ser tema de conversación tras la caída de Rocha Moya.
Para muchos militantes de a pie, la lista de gobernadores bajo la lupa de las agencias de inteligencia estadounidenses parece ser el verdadero orden del día, uno que Morena no quiere leer en voz alta.
El congreso concluyó con la foto oficial y las manos en alto, pero tras las cortinas del World Trade Center, la sensación fue distinta.
Morena ha renovado sus rostros, pero el estigma de la infiltración criminal en sus gobiernos estatales se ha convertido en el invitado de piedra que nadie sabe cómo desalojar.
La incertidumbre ya no es sobre quién dirigirá el partido, sino sobre cuántos de los que hoy celebran terminarán sentados en un banquillo frente a un juez.
