La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para tipificar el reclutamiento forzado como delito federal y sancionar a quienes incorporen a niñas, niños y adolescentes a organizaciones criminales, con el objetivo de reconocerlos como víctimas y no como responsables de su propia explotación.
Ante una realidad en la que grupos delictivos recurren a amenazas, engaños y situaciones de vulnerabilidad para incorporar personas a sus filas, la diputada del PT, planteó una reforma al Código Penal Federal que busca cerrar un vacío legal y castigar de manera específica el reclutamiento forzado.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, contempla penas de 15 a 25 años de prisión y multas de mil a dos mil días para quienes obliguen, induzcan o incorporen a personas a organizaciones criminales mediante violencia, coacción económica, amenazas o aprovechamiento de condiciones de extrema vulnerabilidad.
Cuando las víctimas sean menores de 18 años, las sanciones aumentarían de 20 a 30 años de cárcel, además de multas de dos mil a cuatro mil días. En estos casos, no será necesario acreditar violencia o engaño, pues el consentimiento de un menor no podrá utilizarse como argumento para liberar de responsabilidad penal al reclutador.
La iniciativa también establece que las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando los responsables sean o hayan sido integrantes de instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, del sistema penitenciario o de las Fuerzas Armadas.
Este agravante también se aplicaría cuando las víctimas pertenezcan a comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana, tengan alguna discapacidad o carezcan de capacidad para comprender el significado de los hechos.
En la exposición de motivos, Aguilar Gil advierte que el reclutamiento forzado representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos en México, especialmente cuando involucra a niñas, niños y adolescentes utilizados por organizaciones criminales para realizar tareas de vigilancia, logística o participar directamente en actividades delictivas.
La legisladora señala que actualmente el Código Penal Federal no contempla el reclutamiento forzado como un delito autónomo, lo que obliga a las autoridades ministeriales a recurrir a otras figuras jurídicas, como trata de personas, secuestro o corrupción de menores, para investigar y sancionar estas conductas.
Esta ausencia de una definición penal específica, sostiene, dificulta la persecución de los responsables y puede provocar que los menores reclutados sean tratados como delincuentes, en lugar de recibir el reconocimiento y la protección que les corresponde como víctimas.
Por ello, la reforma propone incorporar el capítulo XI, denominado “Reclutamiento Forzado y Utilización de Personas Menores de Edad en Actividades Delictivas”, con el propósito de establecer herramientas legales que permitan investigar, prevenir y sancionar estas prácticas desde el momento en que ocurre la captación.
La propuesta también busca fortalecer el principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo cuarto constitucional, y evitar que las organizaciones criminales utilicen el supuesto consentimiento de los menores para eludir responsabilidades.
Con la iniciativa ahora en manos de la Comisión de Justicia, corresponderá al Poder Legislativo analizar la incorporación de este nuevo delito al marco penal federal.
El planteamiento abre así un debate sobre la responsabilidad del Estado frente a la niñez captada por el crimen organizado: perseguir a quienes reclutan y utilizan a menores, sin perder de vista que detrás de su participación en actividades delictivas también puede existir una historia de amenazas, manipulación y vulnerabilidad.
