El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reconoció que el marco jurídico de nuestro país y en general en el mundo, se muestra limitado y poco efectivo para hacer frente al reto jurídico de establecer y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de cualquier usuario de las redes sociales, sin incurrir en actos de censura.
Aclaró que su iniciativa deja a salvo el derecho de los usuarios y se protege la libertad de expresión, que es la principal guía y principal propósito y recordó que el Senado y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizaron el foro sobre el ProyecEto de Iniciativa de Ley para Regular las Redes Sociales fundamentalmente con el ramo de inteligencia artificial.
En tres mesas plurales de trabajo se abordaron temas como: “Principales modelos de regulación de redes sociales en el mundo”, moderada por Pablo Pruneda Gross, coordinador en Líneas de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto; la segunda mesa se tituló “Visiones de los actores sobre la iniciativa para regular las redes sociales”, a cargo de Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; y en la última se trató el tema “Riegos y perspectivas a futuro de las redes sociales”, a cargo de Issa Luna Pla, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La idea del foro fue contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de los mexicanos y las mexicanas, en un entorno en que las redes sociales promueven la cercanía, intensifican la comunicación, estrechan las interacciones entre la gente e impactan cada aspecto de la vida cotidiana; desde los Gobiernos, desde la sociedad civil surgen interrogantes acerca del alcance y la suficiencia de su regulación en virtud de los potenciales riesgos para los usuarios y para los estados nacionales.
Es de todos sabido que en la mesa de debate hay una amplia variedad de propuestas que transitan entre la regulación y la autorregulación, sin embargo, para el senador Monreal Ávila, el hecho es que mientras no alcancemos un consenso como sociedad hacia el futuro de la reglamentación de las redes sociales, perpetuaremos un escenario de incertidumbre jurídica y vulneración de los derechos humanos y las libertades civiles.
La importancia de nuestro país para las empresas de redes sociales es enorme, ya que México es uno de los países de habla hispana que mayor uso hace de ella, de los 131 millones de habitantes, el 67 por ciento son usuarios activos. En Youtube, en donde interactúan 86 millones de personas; mientras que Facebook ocupa el segundo puesto, con 84.9 millones; Instagram, por su parte, cuenta con 29.5 millones; y usuarios de LinkedIn con 13.1, y Twitter con 9.4 millones.
En las redes sociales también existe un enorme campo donde se presentan fenómenos nocivos como: creación de cuentas falsas, mensajes discriminatorios y racistas, discursos de odio, el ciberacoso, la pornografía infantil, trata de personas, sin embargo no están regulados.
Este vacío implica que los derechos humanos de los usuarios están desprotegidos y en cualquier parte del mundo, le corresponde hacerlo al Estado, quien debe garantizar la plena efectividad de los derechos y las libertades de todas las personas que hacen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
En otros países se ha abordado la regulación de las redes sociales para garantizar estándares de protección transparencia y adecuación para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión en el ciberespacio: Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia, Europa han avanzado en la regulación de temas relacionados con la promoción de la violencia, el terrorismo, los discursos de odio, la desinformación y el combate a ésta.
En México, con la propuesta del senador Monreal Ávila se tomaron en cuenta las mejores prácticas en el mundo, pone sobre la mesa el concepto de redes sociales, cómo se concibe, cómo se ha ofrecido a través del internet, cómo funciona la plataforma, información generada por sus propias personas, la privacidad de los datos, el manejo de los datos como textos, datos, voz, imágenes, videos, música, sonido, combinación de las anteriores, con la finalidad de proteger al usuario.
Y más propiamente los mecanismos para expedir, para recibir impugnaciones de los usuarios en contra de suspensión o cancelación definitiva de cuentas o perfiles, de la eliminación de contenidos. Así como protecciones amplias a los derechos de expresión y de comunicación.
Queda establecido que los propietarios de redes tienen que acatar las decisiones del órgano autónomo constitucional, en el caso de suspensión o cancelación de cuentas y eliminación de contenidos.
Y para las autoridades les queda establecida la tarea de utilizar algoritmos o tecnologías automatizadas para el efecto de suspender cuentas o eliminar contenidos para el supuesto de cancelación definitiva de cuentas o perfiles, el autorizado deberá contar con un área de especialistas de derechos humanos y libertad de expresión.
