La secretaría de Gobernación y el gobierno de Quintana Roo celebraron un convenio de coordinación que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios e implementación de un plan emergente para la prevención de los feminicidios con la identificación, atención y canalización a las mujeres víctimas de lesiones dolosas y tentativa de feminicidio.
Dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de agosto, fue firmado por parte del gobierno Federal, por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y por la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Fabiola Alanís Sámano.
Por parte del gobierno de Quintana Roo que encabeza Carlos Joaquín González, firmaron el secretario de Gobierno, Jorge Arturo Contreras Castillo; la secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz, y el Fiscal del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales.
Es su voluntad conjuntar esfuerzos en sus respectivos ámbitos de gobierno, para impulsar y ejecutar accionesque tengan como eje central prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres
Están convencidas de la importancia de atender el fenómeno de la violencia contra las mujeres y niñas, para lo cual reconocen la utilidad de instrumentar medidas de seguridad, prevención y de justicia a quienes incumplen la ley,
Medida de Seguridad. Crear módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo en los municipios que comprende la declaratoria de AVGM. Su funcionamiento deberá contemplar asistencia multidisciplinaria (personal jurídico, psicológico, médico, de trabajos sociales y elementos de seguridad) y el respectivo protocolo de actuación de las y los servidores públicos encargados de brindar los servicios correspondientes.
Fortalecer al Centro de Justicia para las Mujeres, a través de la contratación de personal, que brinde orientación jurídica, atención psicológica y de trabajo social a mujeres víctimas de violencia y en su caso a sus hijos e hijas, en el municipio de Solidaridad.
Contar con personal profesionalizado en género y derechos humanos de las mujeres, para brindar orientación jurídica, psicológica y realizar trabajo social, en el municipio de Solidaridad
La psicóloga, trabajadora social y la abogada que trabajen dentro del proyecto deberán contar con:
– Título universitario y cédula profesional que les permita desempeñar su labor
– Especialización y capacitación continua en atención a personas víctimas de violencia de género comprobable
Trabajo social
– Habilidades de observación, acompañamiento y escucha.
– Manejo de entrevista de primer contacto
– Evaluación de riesgo
– Plan de seguridad
-Psicología
– Intervención en crisis
– Intervención multidisciplinaria
– Identificar el círculo de la violencia
– Primeros auxilios psicológicos
– Canalización a terapia psicológica en CJM o institución especializada
– Jurídica
– Informar sobre los procesos legales que pueden emprender, la duración y consecuencia de los mismos, reiterándoles el apoyo para acompañarles durante el proceso.
– Brindar patrocinio jurídico gratuito en casos graves de violencia. Elaborar solicitudes para la obtención de medidas cautelares.
– Dar a conocer los derechos que les confiere el Artículo 20 Constitucional apartado C, (sobre los derechos de la víctima o del ofendido) en el que las mujeres tienen el derecho a la coadyuvancia y los beneficios de que se constituyan ellas mismas como coadyuvantes en sus procesos legales.
– Orientar para que cuando ellas consideren que alguna conducta vulnera sus derechos, es su derecho hacerlo saber a la autoridad correspondiente mediante los servicios y áreas de atención que le ofrece el Centro.
– Guiar sobre los procesos civiles, familiares, penales y otros que existen, con un lenguaje claro y sencillo, evitando el uso exclusivo de los términos especializados.
El personal contratado deberá emitir un informe cuali-cuantitativo de forma mensual durante el período de su contratación y un informe final de resultados en los que especifique:
Cuantitativo: (en esta información sólo se reportarán los números, nunca deberán exponerse los datos personales sensibles)
– Número de atenciones
– Rangos de edad de las víctimas
– Procedencia
– Datos generales de las víctimas, desagregados por sexo, en su caso preferencia sexual o identidad de género, rango de edad, pertenencia a pueblo indígena, condición de discapacidad, pertenencia a población afromexicana, situación de conyugalidad, y cualquier otro dato que permita identificar su situación de vulnerabilidad
– Tipo y modalidad de violencia
– Canalizaciones, especificando a las áreas administrativas de la Fiscalía o Instituciones a las cuales fueron canalizadas.
– Cualitativo:
– Resultados de la atención jurídica y/o hallazgos en la valoración de riesgos y/o afectaciones psicoemocionales, descripción de las formas de violencia más comunes, etc.
– Dificultades para el desarrollo de la actividad sustantiva
– Identificación del expediente (Nunca utilizar información de datos personales sensibles de la víctima y/o imputado)
