Justo en la recta final de su mandato, lo que más predomina en el gobierno e Mara Lezama es la ingobernabilidad y la opacidad en el manejo de los recursos públicos
Más aún, en la alcaldía de Benito Juárez Cancún de todos es conocida la galopante corrupción, los conflictos sociales y laborales, debido a la ineptitud de la locutora que ascendió a la política por accidente provocado debido al capricho de familiares y personajes cercanos al hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
El incumplimiento de las promesas de campaña son peccata minuta en comparación con los hoy inalcanzables objetivos del sesudo Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 presentado por Lezama Espinosa. Este documento base, que serviría como eje de gobernabilidad y gobernanza, es hoy panfleto propagandístico que ofende a los benitojuarenses, quienes depositaron su esperanza en una persona que hoy los deja en el abandono.
De los dichos a los hechos, hay un largo trecho en el gobierno de Lezama Espinosa. El mamotreto de ideas geniales resulta para los funcionarios de la alcaldesa, de extracción de MORENA, una pesada carga que ni se ha puesto en marcha. Por el contrario, día a día se les escapa de las manos el quehacer de las dependencias municipales encargadas de brindar seguridad, confianza, credibilidad, bienestar, certeza, entre otros.
Por ejemplo, en materia de seguridad pública, el PDU 2018-2021 propone como eje principal la Seguridad Ciudadana, a través de la implementación de programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia; para la implementación del modelo de policía de proximidad social con enfoque comunitario; para la recomposición del tejido social con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género; y el mejoramiento de la seguridad vial en el municipio.
Sin embargo, los benitojuarenses son testigos y hasta víctimas de los excesos policíacos que se han acentuado en las últimas fechas. El caso más significativo fue la agresión contra las mujeres que realizaron la marcha frente al Palacio Municipal de Benito Juárez. que derivó en la represión de los manifestantes que resultaron lesionados, entre ellos tres reporteros con lesiones de bala por parte de la policía municipal.
Si bien Eduardo Santamaría Chávez, el titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito (SMSPyT) fue separado del cargo, al igual que varios policías, no deja de ser un acto de simulación para engañar a los contribuyentes; pues ningún uniformado de los que participaron en la represión ha sido sancionado. Por el contrario, se considera que serán reintegrados a sus cargos como premio a sus acciones represoras.
Además, la cifra de robos a casas, a vehículos y a transeúntes va en alza. Hechos que representan la ausencia de los cuerpos policíacos en regiones, colonias y fraccionamientos. Y no se trata sólo de hechos de percepción de inseguridad, sino de una realidad en la que se encuentran inmersos como víctimas miles de familias.
A la inseguridad que se vive en Cancún se suman las disputas entre grupos y pandillas delincuenciales, que dejaron en 2020 más de 350 ejecutados y negocios incendiados de manera premeditada para quienes no cumplieron con las exigencias de extorsión.
En el municipio de Benito Juárez nadie cree que a ocho meses la inseguridad cambie. Menos aún cuando la alcaldesa se separará del cargo en los próximos días, para buscar la reelección como inquilina del Palacio Municipal.
El PMD 2018-2020 también aborda el eje de justicia social en el que se trazan diversos programas, hoy inexistentes, como el creado para atender de manera integral los derechos básicos de la población; o como el impulso de la participación ciudadana activa, efectiva y vinculante en la toma de decisiones; y el mejoramiento del bienestar económico sostenible para la población en situación de vulnerabilidad.
Desde que comenzó su administración, Mara Lezama Espinosa no ha logrado siquiera mantener las calles limpias como uno de los servicios básicos a los que tienen derecho los habitantes. Este hecho, lejos de combatir la vulnerabilidad la incrementa, pues la ciudad se convierte en foco de fauna nociva, de insalubridad, taponando calles y avenidas que, junto al pésimo sistema de drenaje, se transforman en lagunas y ríos intransitables. Un espacio lleno de hoyos y baches que traen consigo lamentables accidentes.
También la misma sociedad cancunense ha mostrado el desprecio de la alcaldesa, quien no recibe opiniones ciudadanas, mucho menos las incluye como parte imprescindible en la toma de decisiones. Su prepotencia, soberbia y codicia la ciegan a la hora de intentar gobernar.
La más cruel de las mentiras de la alcaldesa es el eje cuatro, referente a la eficiencia y transparencia, pues ni una ni otra se ven reflejadas en los ámbitos del gobierno municipal. Si algo ha dejado claro el gobierno marista es su ineficiencia en el poder. Sus funcionarios están más ocupados en placearse, en incluir el soborno y la extorsión como trámites para el funcionamiento legal de prestadores de servicios, de negocios, de construcciones, entre otros. En una palabra: si no hay mordida o diezmo no hay eficacia.
Respecto a la transparencia, ni qué decir. Desde que comenzó su administración, canceló la sección que durante los últimos tres trienios venían alimentado con información sobre la obra pública, en la que se incluían números de contratos, empresas a las que se les adjudicaron obras, montos pagados, entre otras informaciones que si bien no era tan amplias, eran visos de transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Por el contrario, la alcaldesa borró todo rastro de aquella información, y a la fecha no ha publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) un sólo contrato sobre las obras millonarias. Es más, las solicitudes por medio de la plataforma Infomex Quintana Roo, dependiente de la PNT, no son respondidas, argumentado que cualquier información solicitada está clasificada, u otros argumentos pueriles.
En general, el de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa es un gobierno hundido en la opacidad en el manejo de los recursos; dedicado a beneficiar a un selecto grupo de amigos y familiares que se quedan con el dinero de los contribuyentes.
