Mar y Sol Chablé
MÉRIDA, YUCATÁN. — Ejercer el periodismo en la Península de Yucatán continúa siendo una labor de alto riesgo operativo e institucional. A pesar del histórico relato que sitúa a la región como un oasis de paz en comparación con el norte o el centro de México, las agresiones, intimidaciones y bloqueos a reporteros por parte de autoridades locales exponen un patrón recurrente de vulneración a la libertad de prensa.
El episodio más reciente que evidencia esta crisis culminó con la emisión de la Recomendación 09/2026 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) en contra del alcalde de Espita, Mario Isaías Sánchez Esquivel, y su cuerpo policial.
Los hechos se remontan a mediados de 2025, cuando el munícipe ordenó la instalación de un retén policial en el acceso a la localidad con el firme objetivo de impedir el paso al vehículo de un reportero y un camarógrafo que acudían a cubrir una sesión de Cabildo. La cobertura buscaba dar seguimiento a publicaciones periodísticas sobre un incremento en el tabulador salarial del edil.
A pesar de que el comunicador logró burlar el bloqueo por otros medios para cumplir con su labor informativa, ya en el Palacio Municipal el alcalde utilizó la tribuna pública para encararlo, señalarlo e intimidarlo abiertamente frente a funcionarios y ciudadanos presentes.
Ante tales violaciones graves a las garantías constitucionales, la CODHEY resolvió que se sometan a una capacitación obligatoria para educar al alcalde y a los elementos de la Policía Municipal de Espita en materia de derechos humanos, legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión.
Sobre los procedimientos disciplinarios se solicitó el inicio de expedientes administrativos y disciplinarios contra los funcionarios involucrados. Y en materia de atención a víctimas se ha solicitado inscribir el nombre del reportero y del camarógrafo en el Registro Estatal de Atención a Víctimas.
El caso de Espita no es aislado. Diversos organismos como Artículo 19 han documentado de forma constante agresiones contra periodistas en la entidad, las cuales suelen ir desde el acoso digital hasta la detención arbitraria a manos de policías municipales. Reporteros locales que cubren nota roja o hechos de corrupción vial en municipios del interior del estado (como Seyé o Bokobá) han denunciado retenciones ilegales, agresiones físicas e incautación de equipo de trabajo por parte de comandantes y policías.
Caso histórico de Seyé: La detención arbitraria y agresión física contra el periodista Edwin Canché por parte de policías y autoridades de Seyé en 2014 sienta un antecedente directo del uso de la fuerza pública para acallar la cobertura informativa local.
La resolución de organismos defensores marca un precedente formal, pero la persistencia de retenes, intimidaciones y agresiones físicas confirma que el ejercicio del periodismo en la Península de Yucatán requiere aún de verdaderas garantías de seguridad e independencia para no quedar a merced del poder en turno.
