Los núcleos agrarios de la Península de Yucatán no volverán a ser deforestados de manera ilegal.
Ese el compromiso y el acuerdo firmado entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN).
Dicho convenio de colaboración que permitirá coordinar acciones en materia ambiental y agraria se celebró en el Ejido Bacalar, en el estado de Quintana Roo.
El acuerdo busca prevenir el cambio ilegal de uso de suelo forestal y otras actividades que afectan los ecosistemas, mediante el intercambio de información, la orientación a los sujetos agrarios y la adopción de medidas que eviten la consolidación de actos agrarios vinculados con daños al ambiente.
“La coordinación entre las autoridades ambientales y agrarias es fundamental para fortalecer el cuidado de la Selva Maya.
“Se ha hecho una práctica común el arrendamiento o venta de tierras de propiedad social que son desmontadas de manera ilegal para una agricultura intensiva”, se asevera en el convenio signado por las autoridades.
De modo que se formalizan los cambios de dominio a pesar de que en esas tierras se cometieron ilícitos.
“Con este convenio, le vamos cerrar la puerta a este tipo de procesos”, afirmó la Procuradora Mariana Boy Tamborrell.
La Profepa continuará llevando a cabo operativos de inspección y vigilancia, clausurando predios, iniciando procedimientos y presentando denuncias, entre otras estrategias.
En esta administración, se han clausurado 58 predios que abarcan más de 10 mil hectáreas, y se han presentado 34 denuncias penales y se mantiene presencia continua en las tres entidades.
Entre las acciones previstas en el acuerdo, la Profepa informará a la PA y el RAN sobre las resoluciones firmes en las que se determine la realización de cambio de uso de suelo forestal sin autorizació.
Con base en esta información, la PA deberá abstenerse de participar en asambleas ejidales en las que se pretenda aprobar decisiones relacionadas con el cambio de destino de tierras de uso común a parcelas o asentamientos humanos.
La participación de un representante de la PA es indispensable para la validez de este tipo de asambleas, por lo que su ausencia impedirá que se consoliden acuerdos que deriven de daños al ambiente.
No se entiende la Península de Yucatán sin sus ejidos y comunidades, pero hoy ese mismo territorio —donde hasta el 84.3% de la tierra es propiedad social en Quintana Roo—, enfrenta una presión sin precedentes como lo es la deforestación masiva, acaparamiento ilegal y un modelo que ha permitido que unos cuantos concentren miles de solares a costa del patrimonio colectivo.
Esta realidad ilegal exige coordinación interinstitucional para frenar la deforestación y defender la tierra”, expresó Víctor Suárez Carrera, Procurador Agrario.
Con la entrega de resoluciones de Profepa sobre cambio ilegal de uso de suelo forestal al RAN, éstas serán inscritas en el Registro Agrario para que no se formalicen cambios de dominio y destino de tierras ejidales y comunales.
“Este convenio es una respuesta a lo que está ocurriendo en el territorio y una señal clara de que proteger la tierra también es dar certeza jurídica, prevenir conflictos y acompañar a las comunidades.
“Lo verdaderamente importante es que este acuerdo se traduzca en acciones concretas que se vivan en el territorio y fortalezcan a ejidos y comunidades”, afirmó Luis Cruz Nieva, titular del RAN.
“Hoy asumimos el compromiso de actuar juntos para defender nuestro territorio y frenar su deterioro”, declaró Refujio Cano Gómez, Presidente del Comisariado del Ejido Bacalar.
“Hoy demostramos que el trabajo en territorio no es discurso: es la vía para proteger la tierra, dar certeza jurídica y fortalecer a los ejidos y comunidades”, agregó Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad.
Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, quien acompañó la firma del convenio y cerró el evento, subrayando que en territorio quintanarroense se tiene muy claro el desarrollo verdadero es aquel que respeta la naturaleza, aquel que fortalece a las comunidades, aquel que pone en el centro el bienestar de las y los quintanarroenses.
Al respecto, en el evento se enfatizó que un compromiso del sector ambiental es impulsar opciones sustentables que permitan sostener dignamente a las familias sin afectar a los ecosistemas.
Entre esas alternativas están: el turismo comunitario, la conservación mediante el pago por servicios ambientales, el manejo forestal sustentable, los aprovechamientos agroforestales y la reconversión productiva para predios impactados, entre otras.
En años recientes, distintas regiones del sureste han enfrentado procesos de deforestación asociados a la expansión de actividades agropecuarias y al cambio irregular de uso de suelo, lo que ha generado presión sobre ecosistemas de alto valor ambiental.
En algunos casos, estas transformaciones se relacionan con asentamientos y actividades productivas de comunidades que se han establecido en las décadas recientes en la región y han llevado a cabo el desmonte ilegal de miles de hectáreas de selvas para la apertura de cultivos agroindustriales
