Mientras el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó concentrar ante un juzgado y un solo tribunal los amparos en contra del Tren Maya, el Gobierno federal ha cambiado la ruta en Yucatán y en Campeche.
Comunidades indígenas y residentes han promovido al menos nueve amparos contra el Tren Maya, pues alegan la falta de una consulta previa suficiente por parte del Gobierno federal, así como afectaciones ambientales.
A petición de Nacional Financiera, que es la fiduciaria del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia encargada del proyecto valuado en más de 170 mil millones de pesos, el pleno del CJF ordenó la concentración de los expedientes.
