Por Rodolfo Montes
Porque “María” también viaja en Metro, una brigada del Movimiento Cannábico Mexicano, con plantas de mariguana y al menos un porro para su consumo personal, cruzaron los torniquetes de la estación del Metro de Los Insurgentes para caminar libremente por los pasillos y meterse a los vagones anaranjados.
Lo hicieron en señal de protesta por el operativo binomio (policía-perro) que ha emprendido la secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México para seguir criminalizando a los consumidores lúdicos de cannabis y que en días pasados por el simple hecho de llevar consigo una bolsita con la mínima porción de mariguana, han sido puestos a disposición del Ministerio Público.
Con esa acción policial, la palabra y compromiso de la Jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum ha quedado en entredicho pues en enero de este 2020 al recibir a una representación del MCM, sostuvo que ningún policía de la Ciudad de México habría de realizar acciones de esta naturaleza en contra de los usuarios de la cannabis; “esos tiempos a quedaron atrás”, habría dicho en la reunión celebrada en sus oficinas ubicadas en el Antigüo Palacio del Ayuntamiento en Plaza de la Constitución.
Por haber roto su propio acuerdo, es que el MCM decidió internarse con “María” en las entrañas del Metro, viajar en sus vagones del Metro de Los Insurgentes al Metro Pino Suárez, por ser una de las rutas en donde se ha observado operar a los caninos y policías, revisando mochilas, ropa y demás pertenencias de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo.
Por eso, también, enviaron una carta a la Jefa de Gobierno, a la autoridad del Metro y al jefe de la policía capitalina…
El Movimiento Cannábico Mexicano (MCM) se dirige respetuosamente a usted y a su corporación para solicitar el cese inmediato de las detenciones arbitrarias y procedimientos implementados en el Metro de la Ciudad de México que resultan discriminatorios según lo expuesto por la SSC-CDMX en boletín del día 8 del presente, donde se menciona que un ciudadano fue detenido -adecuadamente- por beber en el metro.
Sin embargo, ante la intervención de la unidad canina, terminó siendo acusado también por posesión de narcóticos cuando esta última conducta estaba en la esfera de su privacidad, sin afectaciones a terceros.
El MCM denuncia que esta es una práctica que viola la libertad de tránsito de las personas usuarias de cannabis y atenta contra la dignidad de las mismas.
El consumo personal es un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Código Penal no sanciona la posesión de cantidades menores a 5 gramos por lo que perseguir a las y los usuarios, además de infligir los derechos más elementales, distrae a los elementos policiales de su verdadera función: contener los delitos que dañan o atentan contra la integridad y bienes de la ciudadanía que transita por las instalaciones del metro.
Además, los policías no están facultados para determinar la cantidad portada, los perros policías menos. Esto implica que, aunque portemos cantidades legales, se nos remita al Juez y es, durante el traslado, como en la presentación, donde aparecen gramos extras, sustancias ajenas que le siembran al presunto inculpado, además de moretones, sangre y agresiones sicológicas, así como el robo de sus pertenencias, particularmente de sus celulares y carteras. Esta es la realidad de cientos de personas todos los días en todo México.
No somos criminales. Como personas mexicanas estamos cansadas de los abusos policiacos, hartos de que nos maltraten por un consumo que no daña a nadie y ya no estamos dispuestos a tolerar un trato que siga atentando contra nuestra dignidad.
En México hay miles de personas amparadas para combatir una ley injusta e inmoral que nunca debió existir y en 100 años nunca detuvo el consumo. Un sistema administrativo de prohibición que solo ha servido como herramienta de extorsión institucional y que facilita las intensas afectaciones y violaciones de derechos humanos que ya señaló la máxima Corte en nuestro país.
Ahora, el sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México y los servidores públicos que han autorizado el uso de perros para continuar con la guerra contra los usuarios, se han vuelto cómplices de esta violencia y estas injusticias.
Lo hemos dicho anteriormente, la responsabilidad de legislar y acabar con las violaciones de derechos humanos es del Congreso de la Unión, pero todos los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer respetar esos derechos.
Por eso denunciamos esta política de usar perros catalogados como arma para interactuar con ciudadanos inocentes. Los funcionarios violan los derechos a no ser discriminados, la libertad de tránsito, la seguridad y la privacidad, entre otros. Además, le recordamos a la Jefa de Gobierno que la visitamos en sus oficinas el día 23 de Enero y nos aseguró que dio la orden para que ya no se molestara a los consumidores y que eso ya se había acabado con su administración, –declaración que tenemos grabada–.
Somos personas con derechos y demandamos un trato digno.
Exigimos:
Que nos informen por escrito cómo determinan que alguien es sospechoso y amerita una revisión. ¿Cuáles son los criterios?
Que nos demuestren la efectividad de su política.
¿Cuántos detenidos por explosivos en cada estación?, ¿cuántos detenidos por posesión simple? ¿con cuanta cantidad?
¿Existen reportes de violencia cometida por los policías durante las detenciones?
¿Qué tipo de capacitación de Derechos Humanos o interacción con la ciudadanía han recibido los policías que participan en el operativo?
¿Están enterados todos los elementos de vigilancia y policiacos de que no deben impedir los videos de sus procedimientos e intervenciones con la ciudadanía?
Ccp. Comisión de Derechos Humanos CDMX y Nacional, IFAI, sociedad en general y medios de comunicación.
