La Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez más no toma en cuenta a la sociedad ni a las víctimas de delitos. Ayer aprobó un proyecto para que por lo menos 80,000 procesados a nivel nacional que se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva (40.9% de la población carcelaria) tengan la oportunidad de solicitar que se revise dicha medida cautelar y puedan llevar su proceso en libertad, más grave aún es que no se especifica cuántas veces pueden solicitar este cambio de medida en caso de no tener un resultado favorable, lo cual evidentemente saturará aún más el sistema de impartición de justicia.
La víctima no tiene la culpa de la prolongación de proceso ya que no marca el ritmo del mismo ni tiene control del proceso. Los agresores se aprovechan de la saturación del sistema judicial y prolongan sus procesos como una “estrategia” de defensa para así lograr una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, que muchas veces resulta en la fuga del procesado o en un daño para la víctima.
Por otro lado, el proyecto aprobado, no obliga a los jueces a tomar en cuenta:
1. El riesgo social
2. Conductas criminales previas (peligrosidad)
3. La protección a las víctimas y sociedad, es decir pesan más los derechos de los imputados
Ustedes saben que habrá por lo menos 80,000 procesados que acudirán y SATURARÁN el sistema para pedir llevar su proceso en libertad y eso retrasará aún más los procesos. ¿Cómo y quién solucionará el que se desahogue el trabajo ya existente y esta sobrecarga?
Finalmente, omitieron un pequeño detalle, ¿quién vigilará a los que les otorguen el cambio de medida cautelar y puedan llevar en libertad su proceso? Tampoco existe personal o tecnología para llevarlo a cabo, garantizando la presencia del procesado durante el juicio y mucho menos la seguridad de las víctimas y la sociedad.
En pocas palabras NO valoraron las repercusiones de su decisión y mucho menos pensaron en la sociedad.
