El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó hoy aquí el segundo Foro para la Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) y la Inclusión de Grupos en Situación de Discriminación en los Procesos Electorales Locales 2023-2024.
Las autoridades electorales locales impulsaron la firma de la Declaratoria por unas Elecciones Libres de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en la que se estableció la necesidad de contar con espacios de atención integral inmediata de las denuncias por violencia política, con personal capacitado, en diferentes instancias públicas, así como líneas de asistencia para sobrevivientes y denunciantes de VPMRG.
De igual manera, vigilar que la aplicación del financiamiento de las campañas electorales para mujeres sea en una proporción de 50-50, así como de los tiempos en radio y televisión; y que haya paridad transversal en la representación de los partidos políticos y sanciones para quienes ejerzan VPMRG.
Otras de las acciones a demandar fueron identificar las violencias ejercidas por las mujeres contra mujeres; prevenir, identificar y erradicar la VPMRG en medios digitales, y trabajar con perspectiva intercultural, impulsada por las actoras directamente involucradas, en comunidades de pueblos originarios, a fin de evitar que se limiten sus derechos político-electorales.
Además, sensibilizar y capacitar a las instituciones involucradas para que no se normalicen las acciones de violencia, y trasladar estas actividades más allá de las fechas conmemorativas.
Durante este segundo de cuatro foros a organizarse, participaron como panelistas Yurisha Andrade Morales, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; Carol Berenice Arellano Rangel, Consejera del Instituto Electoral de Michoacán, y Keneth Yannick Castro Herrejón, integrante de la Red Asaleas y de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, región Michoacán.
También, Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, Subsecretaria de Fomento y Desarrollo Integral de las Mujeres del Gobierno del Estado; Víctor Manuel Serrato Lozano, Fiscal Especializado en Delitos Electorales en Michoacán; Edén Irene Valdivia Moreno, integrante de la Colectiva “Canteras AC”, y María Fernanda Romo Gaxiola, Directora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales (OPL) y de Violencia Política contra las Mujeres, del INE.
En el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las personas participantes hablaron acerca de los problemas que enfrentan las mujeres en Michoacán, en el ejercicio de sus derechos humanos en el ámbito político-electoral y la paridad de género.
Al respecto, con matices, afirmaron que los avances del sector femenino han implicado también un mayor número de actos violentos; que hay cuestionamientos sobre su capacidad profesional, al igual que falta de capacitación especializada, en tanto que los usos y costumbres en las comunidades indígenas impiden el desarrollo de las mujeres.
De igual forma, que hay ausencia de comprensión política derivada de la visión vertical paternalista; inequidad distributiva en los presupuestos; falta de interseccionalidad en las perspectivas de género; el no ejercicio de los cargos públicos; la falta de recursos para la atención y prevención de la VPMRG; los diferentes tipos de violencias, tales como la institucional, la política y la digital.
Ante David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en Michoacán, y de Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, las y el panelista establecieron que las acciones afirmativas han iniciado la igualdad entre mujeres y hombres, pero que se requieren otras medidas, como garantizar que los tiempos en las pautas de radio y televisión sean equitativas; hacer pública la información de las candidaturas; identificar con claridad el financiamiento público hacia las mujeres; reestructuración de la legislación en materia de perspectiva de género, e insistir en la denuncia pública con solicitud de atención integral.
También en presencia de las representaciones de los partidos políticos nacionales y locales, así como de servidoras y servidores públicos de las juntas local y distritales ejecutivas, se consideró fundamental sancionar a las personas violentadoras; generar la presencia suficiente de las mujeres con una agenda que promueva y proteja sus derechos político-electorales; intensificar la promoción y difusión de esas garantías con el funcionariado público, así como fomentar los mecanismos de denuncia, y conducir políticas públicas con perspectiva de género.
