Ek Xib Yaotecátl
Mérida, Yucatán. En lo que diversos sectores califican como un empecinamiento institucional respaldado únicamente por argumentos débiles y justificaciones logísticas menores, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mantiene una postura inflexible para reubicar a un importante sector de las y los artesanos de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá.
Bajo el pretexto de “cuidar la visual” y centralizar el flujo de turistas, la dependencia pretende consumar un reordenamiento que ha encendido las alarmas entre los trabajadores locales, quienes temen por el sustento de sus familias.
El titular de la instancia, Omar Vázquez, justificó las medidas argumentando que el plan responde a la necesidad de establecer un “acceso único” al sitio por motivos de seguridad ante las visitas masivas.
Según la visión oficial, la desaparición del antiguo parador turístico y la canalización de todos los visitantes a través del nuevo Centro de Atención a Visitantes (CAVI) y el Gran Museo Maya de Chichén Itzá es la “solución ideal”.
Sin embargo, para los afectados, esta estrategia no es más que un pretexto para controlar el comercio de forma unilateral, debilitando la economía de quienes por décadas han dado vida cultural al sitio.
A pesar de que las autoridades presumen “varios meses de diálogo” con las distintas agrupaciones de artesanas y artesanos, la realidad es que el gremio se encuentra fracturado y en franca resistencia la inmensa mayoría.
Mientras el INAH asegura que, por cuenta propia, más de 200 trabajadores ya se han trasladado al nuevo mercado, otro grupo de artesanos se mantiene firme en su postura: no se van a cambiar.
La principal preocupación de quienes se oponen al traslado es el impacto económico inmediato. Al cerrarse el parador antiguo, los flujos tradicionales de turistas cambiarán drásticamente.
El propio Secretario de Gobierno reconoció implícitamente la gravedad de la situación al admitir que los artesanos “verán disminuir sus ventas” con la clausura del viejo acceso, ofreciendo como único consuelo la promesa de llevarlos a una nueva entrada principal catalogada como “lugar estratégico”.
Para justificar el movimiento, el INAH apela a conceptos abstractos como “evitar el desorden” y congelar el comercio mediante un censo realizado en 2025, condicionando el futuro de la comunidad a que el número de vendedores “no crezca más”. Como “beneficio”, las autoridades plantean una nueva ruta en el interior del sitio, un pasillo confinado entre el acceso principal y el Cenote Sagrado, argumentando de forma débil que será un “lugar adecuado” para la venta.
Ante la creciente tensión y los rumores de una intervención violenta, Omar Vázquez se apresuró a declarar que “no hay especie ni habrá desalojo, ni lo hemos propuesto”, asegurando que todo se realizará “nada por la fuerza y con todos los cafés (mesas de diálogo) necesarios”.
Sin embargo, los artesanos ven en estas declaraciones una táctica de desgaste, aprovechando que actualmente la región atraviesa por una “temporada baja” de turismo para presionar la firma de acuerdos.
Por su parte, David Escalante, representante del patronato Cultur, intentó matizar el conflicto presentando cifras de apoyos económicos. Informó que 262 artesanos ya se encuentran en el nuevo espacio y presumió la instalación de internet gratis, el reforzamiento de la señal telefónica y la asignación de espacios para guías de turistas que antes operaban en la calle.
Asimismo, se mencionó la entrega de 198 Créditos del Bienestar con “mensualidades accesibles” para incrementar mercancía y un acompañamiento económico para adecuar los puestos. No obstante, para los líderes de la resistencia, estos créditos representan una deuda impagable si las ventas se desploman debido al nuevo diseño de la zona.
La situación actual mantiene en vilo a las familias de la comunidad de Pisté, cuya economía depende al 100% de la zona arqueológica. Aunque el discurso oficial insiste en que los artesanos que decidan quedarse en el interior de la zona —en el circuito entre el cenote y la pirámide de El Castillo— “no se van a mover” y se les respetará si firman un documento de permanencia, la presión para que toda persona al interior emigre voluntariamente al nuevo mercado es constante. “Ahí estará su lugar”, repiten las autoridades como una invitación que suena más a ultimátum.
Actualmente, las autoridades estatales y federales manifestaron “hacer votos” para que en las mesas de diálogo se pueda llegar a un consenso definitivo que permita reabrir el sitio arqueológico de forma normal y sin contratiempos.
Mientras tanto, el INAH se mantiene empecinado en su proyecto de acceso único y boleto integrado para el Museo Maya, una visión de modernización que, a los ojos de los artesanos tradicionales, se está construyendo a costa de su marginación y el estrangulamiento de su derecho al trabajo.
