La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde acudió a la conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional para dar a conocer los ocho puntos sustanciales de la reforma que limita las llamadas outsorsing.
Primero, se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, la transferencia de trabajadores propios hacia otra empresa, las famosas nomineras o empresas que se creaban con el único objetivo de aparecer como patrones sin tener ninguna actividad productiva.
Al prohibir esta subcontratación de personal, las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas que realizan las actividades principales de sus empresas, es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante.
El segundo punto es que permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante, pero aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados deberán estar en un registro obligatorio, un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa acreditación de cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales.
Este registro será público, transparente y en caso de que se pudieran ubicar incumplimientos se perderá el derecho de estar en este registro de empresas de subcontratación de servicios especializados.
Otro punto importante es que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento.
Otro punto importante es que recordemos que en esta materia existían muchos huecos en la ley que permitían deducciones fiscales abusivas y mucha simulación. Para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la ley del ISR, de la ley del IVA, con la Ley Federal del Trabajo, permitiendo así homologar criterios y que no existan estos huecos legales.
Otro punto importante es que se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento.
Los plazos para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada en ambas cámaras, en los próximos días será publicada por el presidente y a partir de ahí inicia un plazo de mes para que la Secretaría del Trabajo pueda emitir los lineamientos que regularán el registro.
Por el otro lado, se cuenta con 90 días, tres meses, para que las empresas puedan regularizarse. Hay que decir que este proceso en realidad ya inició incluso antes de que se aprobara la reforma; hay muchas empresas, más de 300 mil trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios, incluso con datos del IMSS estos registros tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32 por ciento, ¿por qué?, porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, se tienen tres meses para hacer este reconocimiento y estas transferencias de trabajadores reconociéndolos como propios.v
Finalmente, cada tres años las empresas tendrán que actualizar sus registros en la Secretaría del Trabajo.
Como último punto, muy importante, también parte de esta serie de reformas, se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para que en el gobierno federal ya no exista la subcontratación de personal. Se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la administración pública para regularizar al personal subcontratado.
En materia de reparto de utilidades, el reparto de utilidades es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas.
En la práctica, este derecho se había venido extinguiendo precisamente por figuras de subcontratación de outsourcing o de insourcing.
