POR: REGINA VÁZQUEZ GARGALLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En el Valle de México, el lugar donde una persona vive condiciona cuánto tiempo dedica a trasladarse, qué empleos puede aceptar y con qué servicios cuenta. Esa distribución de oportunidades convierte al ordenamiento territorial en una discusión sobre la libertad: la posibilidad efectiva de elegir cómo vivir. La magnitud del desafío es considerable. El Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM) refiere una población de 22,191,698 habitantes, con base en el Censo de 2020, equivalente a alrededor del 17% de la población nacional, y estima que la metrópoli genera cerca del 28% del producto interno bruto del país. Su importancia económica, sin embargo, no garantiza que sus beneficios se distribuyan equitativamente. La tesis que debe orientar su evaluación es clara: ordenar el territorio tendrá valor público si reduce las desventajas que hoy limitan las oportunidades de sus habitantes.
El diagnóstico reconoce una contradicción fundamental: una metrópoli económicamente dinámica mantiene profundas desigualdades territoriales. Según el documento, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo concentran cerca del 45.75% del Valor Agregado Censal Bruto de la ZMVM, una medida de la actividad económica de los establecimientos comprendidos en los censos económicos que no debe confundirse con el PIB. Esta concentración contrasta con un territorio integrado por 84 municipios y alcaldías: 16 de la Ciudad de México, 59 del Estado de México, ocho de Hidalgo y Huitzilac, en Morelos. Coordinar estas cuatro entidades exige reconocer que las oportunidades laborales, los desplazamientos y las necesidades de servicios atraviesan fronteras administrativas, mientras las responsabilidades gubernamentales permanecen divididas.
La reflexión de Nina Carolina Izábal Martínez, presidenta del Colegio de Urbanistas de México, aporta una clave para esta discusión: el programa no debe limitarse como una hoja de ruta que responda hacia dónde transitar, debe reconocer que este tránsito es condicionado por las dinámicas económicas, sociales y culturales que afectan en la distribución de la prosperidad en todo el territorio. Esta perspectiva permite entender la planeación y ordenamiento territorial como una decisión colectiva sobre las oportunidades que se quieren construir. Desde un enfoque de evaluación de políticas públicas, esa aspiración requiere explicitar una cadena de resultados: qué intervención se realizará, qué barrera pretende remover y cómo se comprobará que mejora el bienestar. Distribuir prosperidad exige identificar quién recibe los beneficios, quién asume los costos y qué desigualdades disminuyen.
Hablar de libertad tiene consecuencias concretas cuando la distancia se convierte en una carga económica. Retomando el Programa Integral de Movilidad de la SEMOVI de 2020, que el gasto en transporte puede alcanzar hasta el 40% del ingreso familiar en zonas periféricas; se trata de una situación extrema, no del promedio metropolitano. También describe casos en Chimalhuacán, Ecatepec y Valle de Chalco donde los desplazamientos pueden consumir cuatro o más horas diarias. Estas condiciones reducen el tiempo disponible para estudiar, cuidar y descansar, además de restringir los empleos que una persona puede aceptar. Por ello, la movilidad debe evaluarse tanto por su cobertura como por el tiempo y el ingreso que permite recuperar a los hogares.
La diversidad territorial también obliga a anticipar necesidades distintas. El POZMVM proyecta que la proporción de personas mayores de 65 años pasará de 10.2% en 2025 a cerca del 23% en 2050. Esta proyección demográfica exige preparar servicios de salud, infraestructura accesible y sistemas de cuidados, sin desatender a las periferias con población más joven. Las necesidades de una colonia consolidada, un asentamiento periférico, un pueblo originario o una comunidad rural no son intercambiables. Incorporar perspectivas de género, cuidados y patrimonio biocultural debe traducirse en criterios diferenciados de inversión y participación. Una política uniforme puede reproducir desigualdades cuando los puntos de partida son distintos.
Una de las apuestas centrales del programa es consolidar distintos centros de actividad, conectados mediante transporte, y orientar el crecimiento hacia zonas con infraestructura. El diagnóstico dimensiona la urgencia: la superficie urbanizada pasó de 156,561 hectáreas en 1990 a 296,859 en 2025, un aumento de aproximadamente 89.6%. El documento estima una tasa media anual de crecimiento urbano de 1.84%, frente a 0.95% de crecimiento demográfico durante ese periodo. Esta expansión plantea costos de infraestructura y movilidad que deben incorporarse a las decisiones habitacionales. Acercar vivienda, empleo y servicios puede reducirlos, pero necesita medidas que favorezcan la permanencia de los residentes: mejorar una zona también puede encarecerla. La vivienda asequible debe ser un resultado verificable, acompañado de seguimiento a precios, rentas y desplazamiento de población.
La dimensión ambiental también determina cómo se distribuye la prosperidad. El programa señala que, en 2020, alrededor del 3.1% de las viviendas particulares habitadas, cerca de 196 mil, carecía de acceso a agua potable. Esa carencia muestra por qué la infraestructura y la conservación deben analizarse conjuntamente. Para reconocer las interdependencias del agua y los ecosistemas, el POZMVM amplía su área de estudio a 173 demarcaciones, una delimitación ecosistémica e hidrológica distinta de las 84 que integran formalmente la metrópoli. Desde una perspectiva de equidad, proteger las áreas de recarga y los territorios rurales requiere distribuir los costos de conservación, fortalecer la participación comunitaria y sostener alternativas económicas para sus habitantes.
El desafío institucional consiste en convertir esa interdependencia territorial en responsabilidades exigibles. El programa describe un Consejo de Desarrollo Metropolitano cuyo Secretariado Técnico Conjunto opera mediante ocho comisiones temáticas, dedicadas a agua y drenaje, movilidad, seguridad pública, asentamientos humanos, medio ambiente, protección civil, salud y desarrollo económico. También propone fortalecer progresivamente las capacidades de coordinación y gestión. Sin embargo, el número de instancias no demuestra por sí mismo capacidad de ejecución. Cada compromiso debería identificar una autoridad responsable, las obligaciones de las instituciones participantes, los plazos y el mecanismo para resolver desacuerdos. De otro modo, la coordinación puede convertirse en un espacio donde se diluya la responsabilidad por los incumplimientos.
La discusión presupuestaria resulta igualmente decisiva. El POZMVM reconoce que no asigna por sí mismo los recursos necesarios para ejecutar los proyectos. Por tanto, su viabilidad depende de vincular prioridades con fuentes de financiamiento, costos de inversión y mantenimiento, así como compromisos entre gobiernos. La selección de proyectos debería apoyarse en evaluaciones de beneficios sociales y efectos distributivos: cuántas personas mejorarán su acceso a servicios, cuánto disminuirán sus costos y qué territorios serán atendidos primero. Publicar esos criterios permitiría contrastar la asignación presupuestaria con el objetivo de reducir desigualdades. Una visión a 2050 necesita decisiones fiscales sostenibles y resultados intermedios que puedan revisarse durante cada administración.
También hace falta claridad sobre el alcance de los instrumentos propuestos. El 18 de octubre de 2026, las autoridades anunciaron la revisión de los apartados relacionados con el valor catastral y las medidas sobre predios baldíos o subutilizados, como respuesta a inquietudes expresadas durante la consulta pública. Precisaron que el programa tiene carácter orientador y no constituye una autorización directa para aplicar dichas propuestas. Esta distinción es esencial para un debate informado: cualquier adopción posterior requiere los instrumentos y procedimientos correspondientes. La legitimidad de la planeación depende de explicar sus posibles efectos, responder a las objeciones y transparentar qué contenidos cambian como resultado de la participación ciudadana.
El apartado de monitoreo y evaluación permite examinar la ambición del programa con mayor precisión. Su cuadro de indicadores registra una línea base de 180 minutos para el traslado metropolitano de ida y vuelta en 2023 y plantea, en el escenario estratégico, reducirla a 150 minutos en 2030, 120 en 2040 y 90 en 2050. Este último valor supondría una reducción del 50% respecto de la línea base, pero representa un escenario propuesto, no un resultado observado. Además, el propio cuadro advierte que la información del indicador es parcial y está sujeta a actualización. Antes de utilizarlo para acreditar avances, será indispensable precisar su metodología, población de referencia y cobertura territorial. La rendición de cuentas exige datos comparables y desagregados que permitan saber quién mejora y quién continúa rezagado.
El POZMVM merece discutirse como una oportunidad para ampliar las libertades de quienes habitan la metrópoli. Su diagnóstico documenta una concentración económica pronunciada, una expansión urbana acelerada y barreras de acceso a servicios que restringen las decisiones cotidianas. La visión expresada por la presidenta del Colegio de Urbanistas de México adquiere fuerza cuando reconocer esa diversidad se traduce en recursos, responsabilidades y resultados diferenciados. Distribuir la prosperidad significa que el domicilio pese menos en las posibilidades de estudiar, trabajar, cuidar y disfrutar la ciudad. El criterio de éxito será cuánto disminuyen esas restricciones y qué evidencia pública permite comprobarlo.
