El Gobierno del Estado de México y la diputación federal, encabezada por el diputado Iván Contreras Millán, sostuvieron una reunión de trabajo para revisar la normatividad vigente aplicable a gaseras y estaciones de gas licuado de petróleo (LP) en la entidad, con el objetivo de ordenar su instalación y operación bajo criterios de legalidad, seguridad y sustentabilidad.
El encuentro se realizó en un contexto de preocupación por el cumplimiento ambiental en el sector, luego de que análisis especializados advirtieran que más de la mitad de las estaciones de gas LP en el Estado de México operan sin contar con autorización de impacto ambiental vigente o con permisos desactualizados, lo que dificulta dimensionar los riesgos reales para la población y el entorno urbano.
Durante la reunión, autoridades estatales señalaron que la prioridad del gobierno que encabeza Delfina Gómez Álvarez es proteger el patrimonio y la integridad de las familias mexiquenses, asegurando que el desarrollo económico asociado a las inversiones en hidrocarburos no comprometa la seguridad de las comunidades ni el ordenamiento territorial.
El secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Maza Lara, explicó que el Estado de México cuenta con la Comisión de Impacto Estatal (Coime), instancia que acompaña a los inversionistas mediante una ruta técnica urbana que integra evaluaciones en materias urbana, vial, hídrica, ambiental y de protección civil, requisitos indispensables para la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE).
Como parte de este proceso, se presentó el Sistema de Gestión de Evaluación de Impacto Estatal EVIE 2.0, una plataforma digital que permite el seguimiento en tiempo real de los trámites, reduce plazos administrativos y fortalece la transparencia, con el objetivo de otorgar mayor certidumbre jurídica a los proyectos de alto impacto, incluidos los del sector energético.
El diputado federal Iván Contreras Millán, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados, subrayó la necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para cerrar espacios a la irregularidad.
“Es indispensable que los tres órdenes de gobierno trabajemos de manera conjunta para garantizar que este tipo de instalaciones cumplan con la ley y no representen un riesgo para las comunidades”, expresó el legislador durante la reunión.
Contreras Millán adelantó que promoverá un exhorto legislativo para que los gobiernos municipales se sumen a la homologación de criterios en materia urbana, ambiental y de protección civil, a fin de que la regulación de gaseras y gasolineras sea uniforme y efectiva en todo el territorio mexiquense.
La revisión normativa también se vincula con acciones federales impulsadas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que ha llamado a las empresas del sector a regularizarse mediante el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas (RENAGAS), mecanismo que permite identificar el estatus legal y las condiciones de seguridad de las estaciones.
Especialistas han señalado que, aunque el gas LP es considerado una energía con menores emisiones en comparación con otros combustibles, su almacenamiento y distribución requieren controles estrictos para prevenir fugas, accidentes y afectaciones a la salud de las comunidades cercanas, particularmente en zonas urbanas densamente pobladas.
Con esta revisión conjunta entre el Gobierno del Estado de México y la diputación federal encabezada por Iván Contreras Millán, se busca fortalecer el marco legal, ordenar las inversiones en hidrocarburos y elevar los estándares de seguridad para proteger a la población y al entorno urbano en la entidad.
