CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad frente a las reformas aprobadas por el senado para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El organismo destacó que dada la situación de la violencia en el país, en cuanto a la violencia generada por la delincuencia organizada, continúa afectando a la ciudadanía y el goce pleno de sus derechos humanos; por lo que consideró necesaria la implementación de medidas no convencionales, pues la violencia puede llegar a poner en riesgo la seguridad nacional, y por ende los derechos humanos de todas y todo.
Por ello calificó la intervención de la Sedena como admisible desde el punto de los derechos humanos siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días.
También señaló que la seguridad ciudadana es una responsabilidad esencial del Estado y debe asumirse como una política pública que compromete la acción estatal de manera integral, con objetivos claros y verificables.
Por ello, evaluó necesario implementar una estrategia nacional de seguridad ciudadana, mediante la cual se establezcan de manera clara, las responsabilidades de todas las autoridades involucradas, certeza en las actuaciones y un plan de acción que involucre la temporalidad de las mismas, pero también la suma de las fuerzas políticas que no estén en el gobierno, de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
“La emergencia en materia del combate a la delincuencia organizada y los niveles de violencia que se generan, implica una alta demanda de respuestas por parte de la población, por lo que exigen una actuación “inmediata”, eficaz y contundente por parte de las instituciones”, indicó.
La Comisión destacó que la construcción de una política de seguridad ciudadana requiere de acciones multidimensionales, así como de la promoción de un diálogo fructífero y abierto entre sociedad, Estado y con altas autoridades de la seguridad encargadas de hacer cumplir la ley y los derechos humanos.
A la par, indicó que el derecho a la seguridad ciudadana en un Estado Democrático y de Derecho, consiste en el conjunto de garantías que debe brindar el Estado a sus habitantes para el libre ejercicio de todos sus derechos.
Además, indicó que una política adecuada de seguridad ciudadana tiene que ser concebida, en primer lugar, como parte del conjunto de los esfuerzos del Estado por avanzar en la inclusión social y la igualdad de oportunidades, y como parte del esfuerzo de fortalecer la democracia y garantizar los derechos humanos y las libertades públicas.
La CNDH subrayó la importancia de poner en práctica paulatinamente políticas y cambios normativos que, en los plazos establecidos, lleven a la separación nítida de funciones entre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de policía, asumiendo que son los segundos los que tienen la misión específica de hacerse cargo de la preservación de la seguridad interna y enfrentar el delito.
También señaló la necesidad de evitar que la Guardia Nacional adolezca de los mismos problemas de corrupción y abusos de los cuerpos policiales y la extinta Policía Federal; y que su labor debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta proporcionalidad, excepcionalidad y debida diligencia para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia interna.
Supuesto que se cumple en el caso de las reformas aprobadas, de tal suerte que la transferencia del control operativo y administrativo de la GN a la SEDENA atiende a los parámetros tanto nacionales como internacionales de los derechos humanos.
CNDH llama a preservar los Derechos Humanos
Por último la CNDH evocó la Recomendación General 46/2022, emitida en el mes de mayo, y llamó a los Titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de las Secretarías de Seguridad y Protección de las Entidades Federativas a:
Incluir, en los planes de estudio del H. Colegio Militar y de todas las escuelas y academias militares, así como de las academias de la Guardia Nacional y de los centros de formación policial, la materia de derechos humanos, con perspectiva histórica que incluya el análisis de contexto.
A la par, exhortó al Congreso de la Unión a revisar la normativa de las fuerzas armadas mexicanas, para adaptarla a los más altos estándares de derechos humanos, que incluya un mecanismo sencillo y práctico para resolver la situación en que se encuentra un subalterno que recibe una orden ilegal o contraria a los derechos humanos, de modo que éste sea protegido cuando se niegue a cumplirla.
Revisar la normativa relativa a la Guardia Nacional, a fin de garantizar su naturaleza civil, derivada del espíritu de los Constituyentes de 1824, 1857 y 1917, y tal cual era la demanda de las y los militantes y simpatizantes de los movimientos políticos y sociales objeto de la presente Recomendación General.
Además, anunció que promoverá una reforma constitucional con el objeto de afianzar el carácter civil del Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y un marco legal adecuado que asegure y de certeza de que el titular del Poder Ejecutivo, sea del partido que sea, jamás vuelva a utilizar a las fuerzas armadas en el control político de la disidencia o en acciones de represión contra el pueblo, o cualquier otra que sea violatoria de derechos humanos.
“La CNDH reitera su compromiso de velar por la máxima protección a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, por lo que permanecerá atenta a la implementación de las reformas aprobadas y a la actuación de la Guardia Nacional, ejerciendo sus atribuciones, sin reservas ni limitaciones, en el marco del respeto a nuestro orden Constitucional.”
AM.MX/fm
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