Mientras los termómetros en la capital yucateca rozan los 42°C con sensaciones térmicas que desafían los 50°C, miles de ciudadanos enfrentan una batalla diaria no solo contra el sol, sino contra la ausencia del recurso más vital: el agua potable.
Lo que comenzó como reportes aislados de baja presión se ha transformado en mayo de 2026 en una crisis generalizada que afecta a colonias del sur, poniente y la zona metropolitana de Mérida.
En fraccionamientos como Ciudad Caucel, Los Héroes y diversas zonas del Sur de Mérida, la escena se repite: familias enteras esperando la madrugada para ver si el chorro de agua cobra fuerza suficiente para llenar una cubeta.
La problemática no es solo la escasez, sino la infraestructura. Se estima que más del 30% de la red de distribución tiene una antigüedad superior a los 40 años, provocando que casi la mitad del agua se pierda en fugas antes de llegar a los hogares.
A esto se suma el crecimiento urbano desordenado que ha sobrepasado la capacidad de las plantas de bombeo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).
La falta de agua ha dejado de ser una incomodidad logística para convertirse en un riesgo sanitario.
Especialistas y vecinos reportan tres frentes críticos: Enfermedades Gastrointestinales, ya que ante la falta de suministro constante, muchas familias recurren al almacenamiento en contenedores que, si no están debidamente sellados, se convierten en focos de bacterias.
El uso de agua de pozos someros —altamente vulnerables a la contaminación fecal por la naturaleza porosa del suelo yucateco— ha incrementado los casos de diarrea y parásitos.
Golpes de Calor y Deshidratación, pues en medio de las olas de calor de mayo, la imposibilidad de hidratarse adecuadamente o de refrescar el cuerpo ha enviado a decenas de personas a centros de salud con cuadros de insolación severa.
El almacenamiento improvisado de agua en cubetas y tambos abiertos está propiciando la proliferación del mosquito Aedes aegypti, elevando el riesgo de brotes de dengue en las zonas más afectadas.
“No podemos lavar la ropa, no podemos bañarnos bien y, lo peor, tenemos que comprar garrafones de 20 pesos solo para poder bajarle al baño. Es un golpe a la salud y al bolsillo”, comenta una vecina de la colonia Leandro Valle.
El Gobierno de Yucatán, a través de la JAPAY, ha mantenido una postura dual. Por un lado, defiende que el agua distribuida cumple con las normas de salud y es apta para el consumo. Por otro, reconoce que la presión es insuficiente debido a la sobredemanda generada por las altas temperaturas.
Se han anunciado inversiones para renovar pozos y mejorar el servicio en el sur de Mérida, buscando una atención “igualitaria” para las zonas históricamente relegadas, en tanto que cuadrillas de la JAPAY trabajan en la reparación de fugas críticas, aunque ciudadanos denuncian que son “parches” ante un problema estructural.
La autoridad ha instado a los habitantes a instalar cisternas y bombas propias, una solución que muchos consideran injusta, pues traslada el costo de la deficiencia estatal al presupuesto familiar.
La crisis se ve empañada por la reciente polémica sobre el manejo de recursos. Reportes periodísticos señalan que la JAPAY está bajo escrutinio por la falta de comprobación de un fondo federal de 54.7 millones de pesos destinados a infraestructura, lo que ha generado indignación entre los usuarios que reciben recibos puntuales por un servicio inexistente.
Mientras la ciudad sigue expandiéndose con nuevos desarrollos inmobiliarios, la red que los sostiene parece estar al borde del colapso. Para los meridanos, el agua ha pasado de ser un derecho garantizado a un lujo por el que hay que madrugar, pagar extra y, lamentablemente, arriesgar la salud.
