Por Ek XIb Yaotecátl
Pisté, Yucatán. — El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Omar Vázquez no ve la suya pues ante su empecinamiento de cerrar en definitiva el antiguo parador turístico de Chichén Itzá, se ha topado ahora con la promoción de un amparo por parte del Concejo Indígena de Gobierno de la Comunidad Maya para revetir esa decisión.
En lo que no ha reparado el titular del INAH es que se están generando pérdidas millonarias, a pesar de estar en temporada baja de afluencia turística y todo por pretender imponer una sola entrada, la del nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI).
El recurso legal quedó asentado bajo el expediente número 1219/2026 y ya fue turnado a un juez de distrito para su análisis y posible otorgamiento de una suspensión provisional de los actos reclamados.
Los motivos de la demanda: Omisión y afectación económica
De acuerdo con los representantes del Concejo Indígena, las acciones emprendidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno del Estado de Yucatán vulneran los derechos colectivos de los habitantes originarios. Entre los principales agravios expuestos en la demanda se encuentran:
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Falta de consulta indígena: Acusan una omisión absoluta y continuada de realizar una consulta previa, libre, informada y de buena fe a la comunidad de Pisté, tal como lo marcan los tratados internacionales para pueblos originarios.
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Bloqueo de accesos tradicionales: Denuncian la colocación de rejas e infraestructura el pasado 18 de mayo para obstruir de forma administrativa la entrada tradicional sin contar con una orden formal debidamente fundada y motivada.
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Cierre unilateral de taquillas: Señalan el cierre definitivo de las taquillas de expedición de boletos en el antiguo parador del Patronato CULTUR con el único propósito de redirigir forzadamente el flujo de turistas hacia el CATVI.
“Decisiones sin diálogo. El Gobierno del Estado y el INAH toman determinaciones que afectan directamente a nuestra comunidad sin acuerdos legítimos. Ponemos en manos de la justicia federal el sustento de cientos de familias mayas”, manifestó el Concejo Indígena a través de un comunicado.
Tensión social y parálisis turística
La querella legal se presenta tras más de una semana de parálisis en una de las zonas arqueológicas más visitadas del mundo. El desacuerdo estalló luego de que las autoridades federales determinaran que el CATVI —magna obra construida en el marco del proyecto del Tren Maya— sea la única vía de acceso.
Mientras el INAH argumenta que el nuevo esquema busca reordenar el comercio, proteger las áreas nucleares del sitio y mejorar la experiencia del usuario, el grueso de los artesanos, guías de turistas, mototaxistas y comerciantes locales de Pisté aseguran que la desaparición del acceso tradicional colapsará la economía local. El sector inconforme exige un modelo de dos entradas simultáneas para no quedar marginados del flujo de compradores.
A pesar de que el INAH ofreció recientemente una propuesta de reubicación “privilegiada” para los artesanos en un corredor interior entre el acceso principal y el Cenote Sagrado, las asambleas ejidales recolectaron cerca de 4,000 firmas en rechazo de la medida, insistiendo en que no permitirán el desmantelamiento del parador que ha operado por décadas.
Con la entrada del conflicto a los juzgados federales, la reapertura de Chichén Itzá permanece en la incertidumbre, a la espera de saber si el juez concederá la suspensión que obligue a las autoridades a reabrir las taquillas y el paso tradicional de la comunidad de Pisté.
