MÉRIDA, YUCATÁN. — En el sur sureste mexicano, una realidad silenciosa pero persistente desafía los principios democráticos y el Estado de derecho: la tortura.
A pesar de ser un delito prohibido de manera absoluta por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en la materia y diversos tratados internacionales, los abusos cometidos por agentes del Estado —o bajo su consentimiento y tolerancia— continúan manifestándose en la región, documentados mediante denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas y mecanismos de observación.
Frente a este panorama, y en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (conmemorado cada 26 de junio), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) se ha sumado de manera activa a la Campaña Nacional “México Sin Tortura” 2026.
Impulsada por la Secretaría de Gobernación a nivel federal, esta estrategia representa el primer esfuerzo institucional de esta magnitud en más de dos décadas, buscando articular acciones para visibilizar, prevenir y erradicar una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Históricamente, la tortura se ha asociado con marcas e impactos visibles en el cuerpo. Sin embargo, los estándares actuales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que el fenómeno es mucho más complejo.
Minerva Benítez Castillo, encargada del Programa de Derechos Humanos y Seguridad Pública de la CODHEY, califica la tortura como un delito “pluriofensivo”, debido a que vulnera de manera simultánea derechos fundamentales como la integridad personal, la libertad y la dignidad humana.
Hoy en día, las prácticas de las autoridades para quebrantar la voluntad de las personas recurren con frecuencia a métodos que no dejan huellas físicas, orientados a anular la personalidad o disminuir las capacidades mentales de la víctima.
Esto incluye amenazas, humillaciones, intimidaciones, violencia psicológica, aislamiento prolongado y condiciones indignas de detención.
Cuando una autoridad utiliza el miedo y el dolor para imponer su poder, no solo destruye a la víctima directa, sino que erosiona la confianza ciudadana y debilita las instituciones democráticas de toda la sociedad.
Reconocer la existencia de la tortura en estados como Yucatán es el primer paso indispensable para combatirla; negarla o invisibilizarla únicamente profundiza los daños y fomenta la impunidad.
Bajo esta premisa, la campaña de 2026 ha desplegado tácticas que combinan la formación técnica de los cuerpos policiacos con la sensibilización social y la participación comunitaria.
En el ámbito operativo, el pasado 16 de junio de 2026, la CODHEY impartió el curso-taller “Prevención de la tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y “Atención a víctimas” en la Universidad de Valladolid.
La capacitación estuvo dirigida a elementos de la policía preventiva de 12 municipios de Yucatán, con el fin de asegurar que las labores de detención, custodia y seguridad pública se realicen con estricto apego a los derechos humanos.
Las autoridades federales y locales han coincidido en la urgencia de enfocar esfuerzos en prevenir la tortura y la violencia sexual, particularmente contra las mujeres.
Por otra parte, la estrategia busca romper la cadena de normalización de la violencia desde las nuevas generaciones.
Muestra de ello fue la realización de un mural participativo en el COBAY Plantel Progreso bajo el lema “Por el derecho a la dignidad y a la integridad personal”.
Durante el evento, María Guadalupe Méndez Correa, presidenta de la CODHEY, enfatizó el papel crucial de las juventudes como el presente activo de la sociedad. “Trabajar con ustedes es la clave para dejar de normalizar la crueldad.
Al abrirles estos espacios y sensibilizarlos, estamos formando generaciones que simplemente no van a tolerar la violencia”, afirmó.
Uno de los mayores obstáculos para erradicar la tortura es el silencio que favorece la repetición sistemática de los abusos. Por ello, las instancias de derechos humanos hacen un llamado enérgico tanto a los servidores públicos como a la ciudadanía en general.
Toda autoridad que tenga conocimiento de hechos que puedan constituir tortura tiene la obligación legal y ética de denunciarlos e investigarlos. Para los ciudadanos, se recuerda que las denuncias pueden realizarse a través de los canales oficiales como el 911 y el 089.
La denuncia no solo activa los mecanismos de justicia y reparación integral para las víctimas, sino que resulta vital para construir los registros oficiales indispensables que permitan dimensionar el problema en el sur sureste y diseñar políticas públicas eficientes.
La prevención y erradicación de la tortura es una responsabilidad ineludible del Estado que no admite excepciones. Mientras la región avanza en la difusión de estos esfuerzos —que incluirán programas especiales de radio como el que emitirá el espacio “Sentido Humano” el próximo 25 de junio— la consigna es clara: una sociedad que tolera la tortura pone en riesgo las libertades de todas y todos. La dignidad humana debe prevalecer sin excusas en Yucatán y en todo México.
