Ek Xib Yaotecátl
En la colonia Mulsay, al poniente de Mérida, el sonido constante de un concentrador de oxígeno es la única frontera entre la vida y la muerte para un adulto mayor que lucha contra el cáncer.
Sin embargo, el pasado 17 de febrero, ese hilo de vida fue cortado abruptamente, no por la enfermedad, sino por la mano de empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ignoraron deliberadamente una orden judicial.
Este caso, que hoy pone bajo la lupa el actuar de la paraestatal, representa una de las violaciones más graves a los derechos humanos documentadas en la región.
A pesar de que el predio contaba con una suspensión legal vigente, los técnicos procedieron a interrumpir el suministro, dejando a un paciente crítico sin el equipo médico indispensable para su respiración.
La cronología de esta ilegalidad comenzó semanas antes. El 13 de enero de 2026, personal de CFE realizó una revisión en el domicilio bajo el argumento de “uso indebido por alteración”. Lo que siguió fue un patrón clásico de presión: una notificación de multa por 160 mil pesos que, de manera sospechosa, los empleados ofrecieron reducir a 65 mil pesos si se entregaba “dinero en la mano”.
Ante la evidente irregularidad y el monto impagable de un ajuste de 64 mil 726 pesos, la familia buscó el auxilio de la justicia. El 12 de febrero, el Juzgado Federal admitió la demanda bajo el juicio oral mercantil 1824/2026, otorgando una medida cautelar que prohibía explícitamente a la CFE cortar la luz hasta que el juicio concluyera.
El día de los hechos, el ingeniero identificado como V.G. llegó al domicilio con la orden de corte. La familia, en un intento desesperado por proteger al enfermo, mostró el documento judicial pegado en el muro exterior y explicó la situación médica del adulto mayor. La respuesta del funcionario fue la indiferencia técnica por encima de la vida humana.
Incluso cuando abogados del despacho Defensa contra la CFE intervinieron vía telefónica para advertir al ingeniero V.G. sobre las consecuencias legales de desacatar a un juez federal, este aseguró que “tenía órdenes de arriba” y procedió con la desconexión de los cables, llevándose consigo el medidor.
“La CFE actuó fuera de la ley y puso en riesgo una vida humana”, señaló Karim Hadad, representante legal de la parte afectada. El abogado subrayó que el desacato no es solo una falta administrativa, sino un acto de arbitrariedad que desafía directamente la estructura del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el artículo 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, la sanción por suspender el suministro sin causa justificada —y más aún, existiendo un amparo— puede oscilar entre los diez mil y cincuenta mil salarios mínimos. Una cifra que, aunque elevada, parece insuficiente ante el trauma causado a una familia en situación de vulnerabilidad.
El impacto de estas acciones va más allá de lo jurídico. Durante las horas que duró el corte, la integridad física del paciente con cáncer estuvo en vilo. La dependencia del oxígeno suplementario convierte a la energía eléctrica en un insumo básico para la salud, un derecho humano que la CFE vulneró al priorizar un cobro cuestionable sobre la seguridad del usuario.
Tras horas de gestiones urgentes ante el área jurídica de la propia Comisión, la orden de reconexión finalmente llegó. El servicio fue restablecido la tarde del mismo día, dejando en evidencia una contradicción interna: mientras los operativos en campo actúan con prepotencia, el área legal de la paraestatal reconoce —por obligación— la validez de los amparos.
Para Hadad, este incidente no es aislado. Señala que este tipo de conductas suelen estar ligadas a intentos de extorsión, donde los trabajadores o personas que fingen laborar en la CFE intimidan a los usuarios con multas estratosféricas para obtener beneficios económicos inmediatos bajo la mesa.
“Es importante que la ciudadanía sepa que estas conductas son ilegales”, enfatizó el litigante, quien cuenta con más de 25 años de experiencia en derecho constitucional. La justicia mexicana, asegura, ha comenzado a “poner en cintura” a los malos funcionarios, pero la vigilancia ciudadana sigue siendo clave.
Actualmente, el caso se mantiene abierto bajo la exigencia de que se inicie un proceso sancionador administrativo y penal contra el ingeniero V.G. y los técnicos involucrados. La pregunta queda en el aire para los directivos de CFE Distribución: ¿se solaparán estos abusos o se sentará un precedente de respeto a la ley?
La reconexión trajo un respiro de alivio a la colonia Mulsay, pero el miedo persiste. La familia afectada, protegida por el anonimato para evitar represalias, espera que el juicio mercantil resuelva de fondo la supuesta irregularidad del medidor, mientras el paciente continúa su tratamiento, ahora bajo el amparo de un papel pegado en la pared que, esperan, no vuelva a ser ignorado.
Este reportaje es un recordatorio de que, ante el gigantismo de las instituciones del Estado, el derecho a la vida y la protección judicial son los únicos escudos con los que cuenta el ciudadano común. La transparencia y la rendición de cuentas en la CFE son, hoy más que nunca, una urgencia de salud pública.
