El caso del homicidio de José Eduardo cometido en Mérida, Yucatán, dio un nuevo giro este miércoles. En un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de México, David Dorantes, el abogado particular de los policías municipales implicados en el caso, reveló, en conferencia de prensa, que en la denuncia presentada por el joven veracruzano ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán, proporcionó nombres de policías, color de sus uniformes y patrullas ajenas a la Policía Municipal, como responsables de la agresión en su contra.
“La víctima señaló cuestiones de tiempo, modo y lugar completamente distintos a la policía municipal. Esto quiere decir que quien ejerció esta violencia contra la víctima directa no son mis representados, yo me atrevería a decir que no es ningún elemento de la policía municipal de Mérida porque no fueron señalados como tal, señaló a otra corporación” detalló.
Y justo ahí, en el mismo hotel, se encontraba en otro evento la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fue abordada por reporteros para comentarle sobre la reciente declaración hecha por el abogado de los policías municipales.
“¡Tú crees que el joven, en las condiciones en que se encontraba, podía señalar que fueron policías municipales, policías estatales, policías de otros municipios o policías federales?
“¿¡Dime por favor!?
- ¿No estaba en condiciones? Se le preguntó
- ¡Ni siquiera estaba en condiciones de determinar qué tipo de policía
- ¿lastima a la sociedad este caso?
- ¡Lastima mucho!
Respecto de los videos que han circulado en varios noticiarios y en redes sociales en los que se aprecia cómo un grupo de policías municipales de Mérida someten en el piso a José Eduardo, el abogado David Dorantes justificó, particularmente al policía municipal que coloca su rodilla sobre la espalda del joven al decir que “forma parte de los protocolos policiales” y que la activación de éstos obedeció a que José Eduardo no sólo tenía un comportamiento agresivo contra las personas, sino contra él mismo.
Por lo que hace a las imágenes en que se aprecia al joven sin pantalones, el abogado refirió que esa prenda se la quitó el médico legista para hacerle el respectivo chequeo médico y que no se le permitió usar de nueva cuenta porque “con éste podría haber atentado contra su vida”.
Ese comportamiento agresivo, detalló el abogado, ya lo había reportado una señora dueña de un local de comida al asegurar que el joven se auto agredía. Testimonio, que ya está contemplado en la carpeta de investigación del caso.
“También esta defensa observó un video que obtuvo a través de diversos centros comerciales en el cual se pudo observar que la víctima directa, previo a su detención también, venía corriendo por la vía pública, colisiona con un vehículo en movimiento, se tira en la carpeta asfáltica, rueda abajo del vehículo y posteriormente sale corriendo. Esto justifica la certificación médica que señale previamente, razón por la cual la víctima tiene que ser sometido para salvaguardar su seguridad porque, al momento de estar detenido se empieza a golpear la cabeza en el piso, empieza incluso a gritar”, abundó el abogado.
Pero hay más, mucho más en este enredado caso acontecido en Mérida.
Andrés Nieves Cervantes, abogado de María Ravelo, mamá del joven originario de Veracruz, habría sido quien solicitó, vía tercera persona, al menos dos millones 500 mil pesos al Alcalde para cubrir los gastos funerarios, por cierto funeraria vinculada con Nieves. Esta investigación ya está contenida en las pesquisas de la Fiscalía General de la República.
Más aún. En la carpeta de investigación abierta en la FGR también está contenida información en cuanto a que uno de los más cercanos colaboradores del abogado Nieves, tenía relación con José Eduardo y solía invitarlo a fiestas; el abogado Nieves fue candidato a diputado local en la pasada elección bajo las siglas del partido Encuentro Social por el Distrito Primero Local.
Justo en plena campaña electoral, Nieves Cervantes fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán por una de sus colaboradores por el delito de acoso sexual. El caso sigue abierto.
Quizá por ello se entienda parte del mensaje del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha sobre este caso, al señalar que éste se está utilizando con fines políticos en su contra.