- La iniciativa de Clara Brugada contempla multas de hasta 60 UMA, arresto y trabajo comunitario, junto con disculpas públicas y acuerdos de reparación para atender conflictos cotidianos.
Ocupar un asiento reservado en el Metro, agredir a quienes expresan afecto en la calle o impedir el acceso a un establecimiento por prejuicios son algunas de las conductas que la propuesta de cultura cívica de la Ciudad de México busca sancionar. El proyecto coloca la convivencia cotidiana en el centro de un modelo que combina consecuencias para los infractores con mecanismos de conciliación y reparación.
La iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, contempla multas de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización, arresto de hasta 36 horas y trabajo comunitario de hasta 18 horas, según la infracción. Incorpora también la reparación simbólica, que puede consistir en una disculpa pública, un compromiso de no repetición u otras acciones restaurativas. Son medidas propuestas, no sanciones nuevas que deban darse por vigentes.
Con el valor diario de la UMA de 2026, fijado por el Inegi en 117.31 pesos, el límite de 60 unidades equivale a 7 mil 38 pesos con 60 centavos. El monto en pesos dependerá del valor aplicable cuando corresponda imponer la sanción.
Uno de los ejes del proyecto es la protección frente a la discriminación. La propuesta comprende las agresiones contra personas que manifiesten afecto mediante besos, abrazos o caricias en espacios públicos, así como las restricciones de acceso a inmuebles abiertos al público motivadas por la apariencia, prejuicios o estereotipos. También contempla el trato diferenciado sin justificación dentro de esos lugares.
En materia de cuidado del entorno, incluye daños al mobiliario urbano y a bienes como estatuas y monumentos, acompañados de medidas de reparación económica y material. La atención alcanza además conductas que afectan la salud pública: encender fogatas, quemar llantas o residuos en la vía pública y contaminar agua potable.
El catálogo incorpora la comercialización de pirotecnia de bajo impacto sin autorización, tanto en espacios públicos como en inmuebles particulares, y la atención presencial al público durante actividades laborales bajo los efectos del alcohol o las drogas.
La protección animal también forma parte del planteamiento. Rifar o rentar animales con fines de lucro daría lugar a medidas que privilegien la prevención y la sensibilización; ante su abandono en la vía pública, se prevé dar intervención a la Agencia de Atención Animal.
La amplitud de las conductas contrasta con una apuesta central del proyecto: resolver los conflictos antes de que escalen. El antecedente señalado en la información de la iniciativa es de 6 mil 871 conciliaciones en juzgados cívicos durante el año reciente. Sobre esa experiencia se propone ampliar los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Estos procedimientos permitirían a las partes buscar acuerdos de manera voluntaria, mediante el diálogo y sin recurrir necesariamente a un litigio. La atención presencial y virtual se ofrecería en los Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios.
En la presentación oficial del modelo, el Gobierno capitalino también planteó incorporar agentes psicosociales restaurativos, fortalecer los juzgados cívicos y ofrecer mediación en centros comunitarios denominados Calpullis de Paz. El propósito anunciado es atender las causas de los conflictos y reducir su repetición.
El reto será convertir ese enfoque en una respuesta accesible y consistente. Una disculpa necesita acompañarse de compromisos verificables; una multa requiere criterios claros, y la conciliación debe preservar la voluntad y los derechos de las personas afectadas.
La discusión legislativa definirá el alcance de las nuevas disposiciones. Su eficacia dependerá después de la capacidad para aplicarlas: personal preparado, seguimiento de los acuerdos y una atención que permita resolver los conflictos antes de que la convivencia vuelva a romperse.
