- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la nueva legislación busca cerrar espacios al crimen organizado, combatir operaciones financieras ilícitas y ampliar el acceso a servicios bancarios, sin afectar las compras cotidianas de los mexicanos.
La modernización de los pagos en México abre un nuevo debate sobre el uso del efectivo, la inclusión financiera y el combate a las operaciones ilícitas. Ante las inquietudes sobre posibles restricciones al dinero físico, Mier Velazco, aseguró que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no pretende modificar las formas tradicionales de consumo, sino fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal.
El legislador explicó que el nuevo ordenamiento, aprobado por el Senado el pasado martes 20 de octubre, busca impulsar los medios electrónicos de pago y cerrar espacios a las organizaciones criminales que aprovechan las operaciones financieras para ocultar recursos de procedencia ilícita. Rechazando las versiones que apuntan a una posible eliminación del efectivo y sostuvo que pequeños comercios, mercados, tiendas y establecimientos de barrio podrán continuar recibiendo pagos de sus clientes como lo hacen habitualmente.
Para ejemplificarlo, mencionó negocios cotidianos como carnicerías, puestos de dulces y locales comerciales, al señalar que la legislación no está dirigida contra las familias ni contra quienes dependen de estas actividades para obtener ingresos.
El senador insistió en que el propósito de la medida es sancionar a quienes utilizan mecanismos financieros para lavar dinero o incumplir sus obligaciones fiscales, sin imponer obstáculos a las operaciones comerciales de la población.
Inclusión financiera y nuevas oportunidades para pequeños negocios
Además de sus objetivos de control financiero, la legislación busca facilitar el acceso de más mexicanos a herramientas bancarias y digitales, particularmente entre sectores que históricamente han enfrentado dificultades para incorporarse al sistema financiero formal.
Entre los grupos identificados se encuentran mujeres, habitantes de comunidades rurales y personas con rezago educativo, quienes podrían beneficiarse de una mayor disponibilidad de servicios financieros.
De acuerdo con los objetivos expuestos sobre la ley, el uso de plataformas electrónicas permitiría ampliar las oportunidades de acceder a cuentas de ahorro, créditos, seguros y otros instrumentos que favorezcan la actividad económica.
Para las micro y pequeñas empresas, la digitalización también representa una alternativa para registrar sus operaciones, acreditar ingresos y facilitar el acceso a financiamiento que permita fortalecer o ampliar sus negocios.
Otro de los beneficios planteados es la reducción de tiempos y costos en las transacciones, mediante sistemas que agilicen el intercambio de recursos entre consumidores y empresas.
Combate a operaciones ilícitas, entre las prioridades
Durante sus declaraciones, Ignacio Mier cuestionó a quienes han señalado que la legislación afectará a los sectores populares y sostuvo que estas críticas generan confusión sobre los alcances de la medida.
El legislador defendió que el fortalecimiento de los pagos digitales debe entenderse como una herramienta para combatir prácticas financieras irregulares y ampliar la participación de la población en la economía formal.
La propuesta también plantea que una mayor integración al sistema financiero puede contribuir a transparentar las operaciones económicas y facilitar el acceso al crédito, especialmente para negocios que actualmente tienen dificultades para comprobar su actividad comercial.
Sin embargo, la expansión de estos mecanismos también plantea el reto de garantizar que los servicios digitales sean accesibles para las comunidades con menor conectividad y para quienes todavía dependen principalmente del efectivo.
