Senado da luz verde a nueva ley catastral en México

Entre respaldos, advertencias y propuestas rechazadas, el Senado aprobó una ley que busca modernizar los registros de propiedades en México. La reforma promete mayor certeza jurídica, aunque deja abiertas dudas sobre sus costos y aplicación.

La modernización de los registros de propiedad en México llegó al pleno del Senado entre promesas de mayor seguridad jurídica y advertencias sobre sus posibles consecuencias. Lo que comenzó como una discusión sobre catastros, documentos y plataformas digitales terminó por enfrentar distintas posturas sobre la autonomía municipal, la protección de datos y el costo de transformar un sistema que durante años ha acumulado inconsistencias.

La mayoría legislativa inclinó la balanza. Con 69 votos a favor y 32 en contra, el Senado aprobó en lo general la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. En lo particular, el resultado fue de 66 votos a favor y 28 en contra. Las propuestas de modificación impulsadas por legisladores del PAN y PRI quedaron en el camino.

En el centro del debate estaba un problema que puede parecer administrativo, pero que tiene consecuencias para miles de propietarios: un mismo inmueble puede aparecer con información distinta en el catastro y en el registro público de la propiedad, situación que complica trámites, genera incertidumbre jurídica y puede facilitar conflictos sobre terrenos y viviendas.

Para corregir estas diferencias, la nueva legislación plantea la creación del Plan Nacional Catastral, que marcará el rumbo de la modernización inmobiliaria. También contempla una Clave Única Catastral para identificar cada inmueble y una Cédula Única Catastral y Registral que reunirá sus principales datos.

A estas herramientas se sumará una Plataforma Catastral Municipal, concebida para agilizar el intercambio de información entre la Federación, los estados y los municipios. La apuesta es dejar atrás registros dispersos y avanzar hacia sistemas digitales que permitan identificar propiedades con mayor precisión.

Desde la tribuna, las voces a favor defendieron el alcance de la reforma. La presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, sostuvo que contar con información confiable fortalecerá la seguridad jurídica de los propietarios. También buscó despejar una de las principales inquietudes: el cobro del impuesto predial continuará bajo responsabilidad de los municipios.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, destacó que la coordinación permitirá corregir inconsistencias y facilitar el intercambio de datos.

La senadora morenista Blanca Elizabeth Fiesco Díaz puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan las personas cuando los documentos de una misma propiedad no coinciden. Desde el PVEM y el PT, Gilberto Hernández Villafuerte y Lizeth Sánchez García respaldaron la incorporación de tecnología para simplificar los procedimientos.

Pero el respaldo no fue unánime.

Desde la oposición llegaron las reservas. El panista Miguel Márquez Márquez advirtió sobre la necesidad de proteger la información y evitar su manipulación. Gabriel Elizondo Pérez, del PRI, cuestionó los posibles efectos sobre la autonomía municipal y señaló la falta de recursos para capacitación y digitalización.

A las preocupaciones se sumó Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, quien alertó que la implementación podría convertirse en una carga adicional para los ayuntamientos y representar nuevos gastos para las familias.

Las diferencias permanecieron hasta el cierre de la discusión. Las modificaciones propuestas por la oposición no reunieron el respaldo necesario y el dictamen avanzó sin esos cambios.

Concluida la votación, el proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para su eventual publicación y entrada en vigor.

La jornada legislativa terminó con una ley aprobada, pero también con preguntas pendientes. La modernización promete ordenar la información sobre el patrimonio inmobiliario del país; sin embargo, su alcance dependerá de los recursos, la coordinación institucional y la capacidad de los gobiernos locales para aplicar las nuevas disposiciones.

El siguiente capítulo ya no se escribirá en la tribuna del Senado, sino en las oficinas donde diariamente se registran terrenos, se acreditan propiedades y se realizan trámites. Allí se pondrá a prueba si esta reforma logra convertir la promesa de modernización en certeza para los propietarios mexicanos.