POR EK XIB YAOTECÁTL
El viento matutino de la Ciudad de México agitó las banderas en la explanada central del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con la pompa institucional que exige la norma, comenzó formalmente el Proceso Electoral Federal (PEF) 2026-2027.
Los honores a la Bandera Nacional corrieron a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Policía Auxiliar capitalina junto a las delegaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, acompañados por los acordes de la Banda Sinfónica Indígena Ihuatzio.
El marco pretendía proyectar serenidad republicana, pero los nombres de las entidades de procedencia resonaban en el ambiente con un peso inevitable.
Michoacán, Tamaulipas y las regiones donde operan las agrupaciones musicales eran también el recordatorio mudo del gran actor no invitado que se cierne sobre cada ciclo democrático en el país: la violencia criminal y las ramificaciones de la narcopolítica en el territorio.
En la mesa del presídium, la imagen buscaba mostrar cohesión de Estado. La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, estuvo flanqueada por la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto de Guzmán Bátiz García. A su alrededor se congregaron dirigentes partidistas, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y miembros del Consejo General.
El reto logístico sobre la mesa es monumental: la renovación de más de 20 mil cargos de elección popular, desde la Cámara de Diputados y gubernaturas, hasta legislaturas locales y alcaldías. Sin embargo, la disputa técnica no es la única inquietud de la jornada. En los pasillos de la sede central y en las 32 Juntas Locales y 300 Juntas Distritales que replicaron el acto cívico a lo largo de la República, la verdadera interrogante es cuántos de esos cargos municipales y locales estarán bajo la presión o el asedio directo del crimen organizado.
Durante su discurso, Taddei Zavala enfatizó el blindaje de la legalidad frente a la contienda política. “La función electoral es una responsabilidad de Estado y una condición esencial para la vida democrática del país”, subrayó la Consejera Presidenta, al tiempo que lanzó un llamado riguroso a que cada institución actúe estrictamente dentro de la Constitución para asegurar que la voluntad ciudadana se exprese sin coacciones.
La presidenta del órgano electoral insistió en que el trabajo de la institución no tiene un sesgo partidista y envió una advertencia indirecta sobre las presiones internas y externas que suelen rodear el proceso: “El INE no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos ni para los actores políticos; todo nuestro trabajo tiene un destinatario: la ciudadanía”.
Asimismo, remarcó que las urnas no son un mero trámite formal ni un escenario predecible. “Una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie”, afirmó, recordando que la decisión final pertenece a los votantes. Ante la dimensión técnica que implica desplegar casillas en los rincones más alejados de la geografía nacional —muchos de ellos golpeados por la disputa violenta de grupos delictivos—, Taddei aseveró que “el Instituto Nacional Electoral está listo” y que “no parte de cero”, pues cuenta con décadas de experiencia acumulada.
“La confianza ciudadana en una institución electoral no se pide ni se decreta; se construye con decisiones consistentes, transparencia y profesionalismo”, puntualizó la Consejera Presidenta en un discurso centrado en apelar a la responsabilidad compartida del entramado institucional.
El acto concluyó y las comitivas se retiraron de la explanada. El Proceso Electoral Federal 2026-2027 ha echado a andar de manera oficial. La maquinaria administrativa y el discurso institucional están listos; sin embargo, a medida que la contienda se desplace de los escritorios en la capital a las calles y municipios del país, el sistema democrático deberá demostrar si sus reglas y defensas son suficientes para contener la sombra de la narcopolítica y garantizar que el voto siga perteneciéndole únicamente a la ciudadanía.
