Mérida, Yucatán.- Padres de familia de dos exalumnos del colegio particular The Workshop, campus Komchén, interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGEY) contra el personal directivo.
Los cargos incluyen discriminación, amenazas y tortura psicológica en agravio de menores de edad, derivado de presuntas prácticas punitivas dentro de la institución.
Jorge Ruiz del Ángel, abogado y fundador del estudio de Asistencia Legal y en Derechos Humanos (ALDH), subrayó que la educación debe regirse por un enfoque de cero violencia y resolución de conflictos.
Según el litigante, el abordaje de The Workshop hacia los estudiantes fue estrictamente punitivo, lo que habría generado un daño emocional significativo en lugar de una formación integral.
Hasta el cierre de esta edición, la institución educativa The Workshop no ha emitido una postura oficial ni respondido a las solicitudes de información sobre estos señalamientos.
Los testimonios de las familias coinciden en señalar a Omar Arroyo Hernández, director del plantel; María Teresa Fernández, psicóloga; y Caty Franco Díaz, fundadora del colegio.
Las víctimas acusan un patrón de acoso institucional caracterizado por reportes de conducta excesivos, falta de pruebas en las amonestaciones y una vigilancia intimidante que incluía represalias por actos cotidianos, como beber agua en el aula.
Uno de los jóvenes relató comentarios inapropiados por parte de Arroyo Hernández sobre su vestimenta, específicamente cuestionando el ajuste de sus shorts.
Arturo Barraza, padre del menor, calificó estos incidentes como una forma de acoso psicológico que escaló hasta interpretaciones de índole sexual, vulnerando la integridad del estudiante.
Posteriormente, el joven fue suspendido tras ser acusado de acoso sexual contra compañeras, hecho que la familia vincula a una confrontación previa con la dirección.
Pese a las acusaciones, un peritaje psicológico externo determinó que el menor no presenta rasgos de peligrosidad ni personalidad antisocial, aunque sí evidenció un fuerte impacto emocional tras la sanción.
La defensa reportó que el colegio omitió presentar pruebas de dichas acusaciones y violó el Protocolo de Actuación ante el Acoso Escolar de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey), al no existir un proceso de mediación previo a la suspensión del alumno.
Durante una reunión para aclarar los hechos, se denunció que el abogado de la escuela, Josué Sandoval Cantón, intentó suplantar la identidad de un directivo.
Al ser confrontado por la ilegalidad del acto y la falta de notificación sobre su presencia jurídica, Sandoval Cantón habría respondido de manera desafiante: “eso me lo echaré yo al plato”.
En un segundo caso, la familia de otro alumno expulsado meses atrás denunció que el proceso se realizó de forma verbal y sin sustento legal para evitar dejar evidencia documental.
Esta acción impidió que el joven presentara exámenes finales, truncando sus procesos de admisión en otras instituciones y afectando su estabilidad emocional y académica.
El abogado Ruiz del Ángel sugirió que las expulsiones no fueron incidentes aislados, sino el resultado de situaciones provocadas intencionalmente por el personal del colegio para forzar la salida de los alumnos.
Los jóvenes afectados indicaron que los directivos realizaron indagatorias dirigidas con otros estudiantes, buscando testimonios negativos que respaldaran las medidas disciplinarias en su contra.
El primer alumno expulsado en octubre de 2025 relató que fue humillado públicamente y etiquetado como “una persona mala” por la psicóloga del plantel. Incluso afirmó que la dueña de la escuela le advirtió que, de seguir con su conducta, su destino sería el crimen organizado, lo que agravó su sentimiento de exclusión.
Respecto a estas quejas, Ruiz del Ángel señaló una aparente indiferencia por parte de la Segey, acusando inconsistencias en la supervisión de la escuela y una falta de atención real a las denuncias de las madres de familia.
Por su parte, la Dirección Jurídica de la Segey emitió una postura contradictoria a la de los padres, asegurando que los menores no fueron expulsados, sino que sus tutores solicitaron la baja voluntaria para trasladarlos a otros centros educativos.
La Secretaría afirmó que el Departamento de Escuelas Particulares atendió las quejas conforme a los protocolos vigentes. No obstante, la dependencia no proporcionó los detalles técnicos solicitados sobre cómo se verificó el cumplimiento de dichas normativas antes de la publicación de esta nota.
Además de la vía penal, los afectados han activado diversos frentes legales: quejas ante el Consejo Estatal contra la Discriminación, la Codhey, la Profeco, una demanda civil por incumplimiento de contrato y un juicio de amparo que busca la restitución de los derechos educativos de los jóvenes.
The Workshop se promociona como una institución de vanguardia “socioconstructivista” avalada por la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) y Cambridge.
El colegio utiliza herramientas de la AEPAE para detectar perfiles de acosadores, aunque la asociación española tampoco ha respondido a los cuestionamientos sobre el uso de su metodología en este caso.
Irónicamente, los jóvenes aplicaron el test de la AEPAE para evaluar el trato de los directivos hacia ellos, obteniendo un resultado en “semáforo rojo”, lo que indica una situación de alerta que requiere intervención inmediata.
El abogado concluyó que la escuela falló al no solicitar el apoyo de la Segey para manejar la situación de forma objetiva.
A la fecha, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) mantiene el expediente abierto sin haber emitido una resolución definitiva.
