En una sesión histórica celebrada este 6 de abril de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una serie de resoluciones clave que fortalecen la arquitectura legal contra el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero en México.
El Máximo Tribunal ratificó la constitucionalidad de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias, estableciendo que dichas medidas son preventivas y no violan el debido proceso.
Al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, los ministros reconocieron la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Corte aclaró que la inclusión de personas en la “Lista de Personas Bloqueadas” es una medida administrativa y cautelar destinada a proteger la integridad del sistema financiero.
“El bloqueo no equivale a una pena penal ni sustituye la labor del Ministerio Público”, determinó el Pleno.
Para garantizar la seguridad jurídica de los afectados, la SCJN subrayó que el procedimiento actual cumple con:
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Derecho de audiencia: Los afectados pueden presentar pruebas y defenderse en plazos definidos.
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Fundamentación técnica: La autoridad debe documentar “indicios suficientes” y riesgos específicos.
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Control judicial: Las resoluciones pueden ser impugnadas ante tribunales administrativos.
Adiós a la dependencia de solicitudes extranjeras
En un giro jurídico trascendental, la Suprema Corte decidió interrumpir criterios jurisprudenciales previos (2a./J. 46/2018 y 2a./J. 101/2024) que limitaban el actuar de la UIF. Anteriormente, se exigía que existiera una solicitud expresa y detallada de una autoridad extranjera para que el bloqueo de cuentas fuera válido.
A partir de ahora, la SCJN determina que:
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Soberanía y Cooperación: México puede actuar con base en información nacional e internacional sin esperar una petición formal extranjera, alineándose con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Agilidad operativa: Exigir solicitudes externas ultra-detalladas creaba un “obstáculo innecesario” que permitía la fuga de capitales ilícitos.
Además de los temas financieros, la Corte abordó el federalismo y el derecho a la información. El Máximo Tribunal determinó que existe una omisión legislativa en el estado de Nuevo León en materia de transparencia. Con esta resolución, se obliga al congreso local a subsanar las deficiencias normativas para garantizar que los ciudadanos cuenten con las herramientas legales adecuadas para la rendición de cuentas.
Proporcionalidad Tributaria
Finalmente, el Pleno reafirmó la importancia de la proporcionalidad tributaria en las cargas fiscales, asegurando que las leyes impositivas respeten la capacidad económica de los contribuyentes, equilibrando la necesidad de recaudación del Estado con las garantías individuales.
Con estas resoluciones, la SCJN moderniza el marco jurídico mexicano frente a la delincuencia organizada transnacional, permitiendo que el Estado actúe de forma oportuna sin dejar de lado el derecho de defensa de los ciudadanos.
