Los llamados movimientos negacionistas y antivacunas han propiciado que enfermedades que se consideraban erradicadas o por los menos controladas, vuelvan al escenario, triplicando su capacidad de contagio y ocasionando miles de fallecimientos en nuestro continente, como es el caso del sarampión.
Es por ello que Ricardo Monreal, y el grupo parlamentario de Morena, en el Senado de la Republica, presentó un proyecto de decreto para reformar las leyes general de los derechos de niñas y niños y adolescentes, la Ley general de salud y la Ley general de educación, en materia de vacunación.
El objetivo de la propuesta es para establecer que todas las personas tienen la responsabilidad personal de aplicarse las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, independientemente del régimen de seguridad social o protección social al que pertenezcan.
De esta manera se reconoce el derecho de los menores a recibir las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal, con base en su derecho a la protección de la salud y en apego al principio de interés superior de la niñez. Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o, en términos generales, sean responsables de NNA estarán obligadas a que estos reciban las vacunas referidas, salvo que medie justificación médica certificada en contrario.
En el proyecto de decreto se establece que el incumplimiento deliberado o sin que medie justificación médica certificada para impedir contravenir dicha obligación dará lugar a que las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, haga uso de las atribuciones que le confiere la Ley en la materia para realizar acciones dirigidas a efectivizar la vacunación.
Debe considerarse que hasta el 2016, América había sido declarada como región libre de sarampión, empero, para el 2018 se registraron, en México 20 casos, y ya para el primer trimestre del 2020 se ha tenido conocimiento por las autoridades de Salud de 80 personas contagiadas, tan sólo en el valle de México.
