CDMX.- En todo el mundo miles de menores de edad son reclutados para la comisión de diversos delitos, entre ellos el halconeo y el sicariato y las niñas también con fines sexuales o para matrimonios forzados.
Los Niños, niñas y adolescentes son reclutados por presiones económicas, sociales o de seguridad.
El desplazamiento y la pobreza hacen más vulnerables a los menores de edad.
Estos actos de grupos delictivos implican violaciones a los derechos humanos de la población que exige protección integral de la familia, la sociedad y del Estado.
Estos actos revelan la incapacidad del Estado y la sociedad de protegerlos de ver víctimas del trabajo infantil y del reclutamiento ilícito, que son actos inhumanos que afectan su integridad física y mental.
Los menores sufren de terribles consecuencias físicas y emocionales que pueden llevarlos a la muerte, al estar expuestos a actos de una gran violencia.
En México se calcula que se han reclutado entre 30 y 35 mil menores por el crimen organizado y en 2021 se calcula que al menos 700 fueron asesinados.
Los grupos delictivos usan diversas estrategias de reclutamiento, que van desde amenazas, violencia física, enamoramiento de las menores y promesas de dinero o empleo.
En México aún no se ha tipificado el reclutamiento de menores de edad como delito.
Por eso se plantea la iniciativa que atiende las recomendaciones de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil para tipificar el delito de reclutamiento.
Su reconocimiento jurídico ayudará a prevenir el delito, identificarlo y sancionar a las personas que lo comentan.
Establece que se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa, a quien reclute, utilice, obligue, coaccione, incite o invite a una o varias personas menores de 18 años para cometer cualquier delito, así como a participar, con o sin su consentimiento, en actividades o tareas que resulten en beneficio de la asociación delictuosa.
El decreto enfatiza que las niñas, niños y adolescentes que hayan participado, con o sin su consentimiento, en la comisión de delitos o en actividades relacionadas con asociaciones delictuosa serán consideradas víctimas directas, en término de la legislación aplicable, sin menoscabo de las disposiciones establecidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
La iniciativa plantea reformas a las Leyes: Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para prever, no solo disposiciones punitivas, sino también de protección y restitución de derechos, así como reparación de daños.
AM.MX/CV
