Durante décadas, la industria porcícola en Yucatán operó en una “zona gris”. Mientras las granjas crecían en número y tamaño, la falta de coordinación entre los gobiernos federal y estatal permitía que muchas instalaciones evadieran regulaciones ambientales básicas, contaminando el manto freático y afectando a las comunidades locales. Pero el panorama ha cambiado radicalmente.
Este 9 de febrero, la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán sellaron un pacto histórico: el Convenio de Coordinación para la Gestión Integral y Sustentable del Sector Porcícola. ¿El objetivo? Unificar criterios, cerrar las brechas legales y, finalmente, poner orden en una industria que ha estado bajo el ojo del huracán.
La procuradora federal, Mariana Boy Tamborrell, fue contundente durante la firma: la desarticulación institucional se acabó. Anteriormente, algunas granjas se escudaban en permisos federales para ignorar leyes estatales, y viceversa.
“Durante años, esta falta de coordinación generó vacíos que permitían que algunas empresas operaran fuera de la legalidad”, señaló Boy Tamborrell.
Con este convenio, que tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, la Semarnat ahora emitirá dictámenes técnicos vinculantes. Esto significa que si la autoridad federal detecta un riesgo, la SDS estatal está obligada a actuar. No hay más excusas.
Aunque el convenio busca la prevención, la mano dura ya ha comenzado a sentirse en el estado. En meses recientes, diversas granjas han enfrentado la clausura tras operativos de inspección que ahora cuentan con un respaldo técnico más sólido. Algunos casos emblemáticos incluyen Granjas en Homún con un conflicto emblemático donde la resistencia de la comunidad maya y la intervención de las autoridades lograron frenar operaciones que amenazaban el anillo de cenotes.
Instalaciones en el “Cinturón de Cerdos”: Granjas en municipios como Kinchil y Maxcanú han sido objeto de inspecciones rigurosas por parte de la Profepa, resultando en suspensiones temporales y definitivas por la falta de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) adecuadas.La titular de la SDS en Yucatán, Neyra Silva Rosado, destacó que este nuevo frente común no es solo administrativo, sino científico. Se están integrando investigaciones universitarias para medir el impacto real en el suelo y el agua.
El convenio no solo busca sancionar, sino transformar la industria en un modelo sustentable que respete los derechos de las comunidades indígenas y proteja la reserva de agua más importante del país. El “libertinaje” porcícola parece tener, finalmente, una fecha de caducidad.
