El periódico Reforma dio a cononcer que Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una nueva legislación en Protección Civil, donde Morena le carga a los estados y municipios la responsabilidad de contar con los recursos suficientes para hacer frente a los desastres naturales.
Se concreta la desaparición de fondos federales para atender los desastres naturales, considerados en la ley vigente.
La Federación no tendrá la obligación, sólo la facultad de “promover” la aplicación de instrumentos financieros para atender las emergencias, conforme a disponibilidades del Presupuesto de Egresos y normas de la Secretaría Hacienda.
Con 242 votos a favor y 204 en contra se aprobó en lo general la nueva Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
En la discusión en lo particular se presentaron 120 reservas y se apuntaron 40 oradores.
La propuesta es una iniciativa del Ejecutivo federal, presentada el 3 de octubre de 2023, 22 días antes de que el huracán “Otis” tocara tierra en Guerrero.
Pese a esa experiencia, que devastó Acapulco y evidenció la inacción de autoridades, en la nueva ley no se agregaron medidas para fortalecer acciones de protección civil.
Por el contrario, se modificó la redacción original del Presidente, que planteaba que el objetivo de la ley era “la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno”, en materia de protección civil.
En lugar de ello, en el artículo primero señala que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, “coordinarán sus acciones” en materia de protección civil y la gestión del riesgo de desastres.
En la ley desaparece la disposición de que el Gobierno tenga un fondo especial para atender los desastres naturales y se agrega que las entidades son las que deben considerar el recurso.
“El presupuesto de egresos de las entidades federativas deberá prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales.
“El monto que cada entidad federativa debe destinar para ese objeto corresponderá, como mínimo, al 10 por ciento del promedio obtenido de la aportación que la entidad federativa haya realizado en los últimos cinco ejercicios fiscales actualizado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para la reconstrucción de su infraestructura dañada”, señala el artículo 18 de la nueva ley.
En el artículo 19 precisa que es “obligación y responsabilidad” de los gobiernos de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre.
Ello, para la cobertura de daños ocasionados por un desastre originado por amenazas naturales.
Con la nueva ley, el Gobierno federal asume sólo la “responsabilidad” de firmar convenios con las entidades y municipios para atender los desastres.
El instrumento de “declaración de desastre natural”, para que los gobiernos locales puedan acceder a los recursos federales, desaparece.
En su lugar se emitirán “Acuerdos” por los que se establecerán “Situación de Emergencia”, “Término de Situación de Emergencia” y “Situación de Desastre”, generadas por una o varias amenazas naturales.
El Gobierno federal “promoverá” que las entidades federativas prevean recursos en sus presupuestos de egresos estatales necesarios para la prevención y atención de emergencias y desastres.
Y podrá “suscribir” convenios de colaboración administrativa con las entidades federativas en materia de gestión de riesgo de desastres.
